El deporte ya sabe, ahora 100% seguro, que debe buscar alternativas a las casas de apuestas. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades del Juego, en el que se recogen todas las prohibiciones a la presencia del juego en competiciones deportivas, que van más allá de lo que se preveía. La medida podría comerse 90 millones de euros en ingresos sólo entre los clubes de fútbol, según cálculos de LaLiga.

La reforma recoge todos los aspectos que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ya ha anticipado en los últimos meses. A partir de 2021-2022, ningún club podrá incluir un operador de juego en su nombre, algo que sucedía sobre todo en la ACB, ni tampoco darle presencia publicitaria en equipaciones y estadios. “Hasta ahora no ha habido regulación de la publicidad del juego. Hasta ahora hemos vivido en la ley de la selva, donde todo puede hacerse”, ha argumentado.

Los cambios también afectan a las potenciales activaciones que se puedan realizar en redes sociales, pues el Gobierno ha decidido que en la publicidad que se emita en el horario permitido no aparezcan “personas o personajes de relevancia o notoriedad”, según ha explicado el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Es decir, que no podrían aparecer futbolistas en sus acciones.

En este sentido, también se suprime la opción de que los clubes y competiciones puedan publicar mensajes en redes asociados a su patrocinador de apuestas, ya que “en redes sociales solo se podrán emitir mensajes publicitarios a sus seguidores y en otras plataformas como las de intercambio de vídeo la publicidad queda relegada al mismo horario que el resto”, ha añadido.

Esta batería de medidas deja casi sin opciones al deporte profesional su presentación como una plataforma publicitaria útil para las casas de apuestas, cuyos anuncios quedan relegados al horario de 1 a 5 de la madrugada. De este modo, los operadores de televisión tampoco podrán financiar parte de su inversión en derechos audiovisuales con la venta de publicidad antes del partido, al descanso y tras el pitido final a estas compañías, cuya actividad depende casi al 100% del directo.

El Gobierno ya envió una carta a los clubes de LaLiga que lucen publicidad de apuestas que no podrán prolongar estas alianzas más allá de 2020-2021. Y hoy, ha advertido de que los incumplimientos “podrán ser sancionados con multas de entre 100.000 euros y un millón de euros y con la suspensión de su actividad en España por un plazo máximo de seis meses” para los operadores de juego.

Por ejemplo, Winamax deberá rescindir o replantear su contrato con el Granada CF, que renovó recientemente hasta 2021-2022. Por otro lado, Valencia CF, Sevilla FC, Deportivo Alavés, Granada CF, Real Betis, Levante UD, Cádiz CF, RCD Espanyol, RCD Mallorca, CD Leganés y Girona FC deberán buscar un nuevo espónsor principal.

Si bien el frontal de la camiseta es el espacio que más facturación genera a los equipos a través del área comercial, son varias las casas de apuestas que han contratado otros activos. Por ejemplo, William Hill patrocina a once equipos de LaLiga, que le dan visibilidad en la manga de la camiseta y otros dos en el pantalón. Es el mismo soporte que el Atlético de Madrid vendió a Versus.

En total, el cepo a las apuestas afecta al 76,2% de los equipos de Primera y Segunda División. Sólo diez equipos no tienen ningún tipo de acuerdo con operadores de juego y, aquellos que no lucen la marca en su equipación, sí dan visibilidad a la compañía en activos fijos en los estadios o el la U televisiva. Son activos en los que este tipo de empresa no podrán mostrarse a partir de la próxima campaña.

En el caso de la ACB, Baskonia ya renovó su alianza con Kirolbet contemplando que quizás debería abandonar también la trasera de la equipación, después de que ya liberara el frontal de la camiseta, adquirido por TD Systems. Más trabajo tendrá el RetaBET Bilbao Basket, que deberá encontrar a un nuevo socio principal para la próxima temporada.