El sector de la actividad física es uno de los que más ha reivindicado su papel en la lucha contra la pandemia, pero también es de los que se ha visto fuertemente afectado por el cierre de instalaciones y la limitación de su actividad. Las gestoras de instalaciones municipales y las empresas de prestación de servicios deportivos pueden acogerse al Real Decreto-ley 8/2020 que establece compensaciones por el cierre de centros deportivos. Sin embargo, diez meses después del estallido de la crisis sanitaria, la mayoría no han recibido estas ayudas, y desde la Asociación Española de Empresarios de Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas (Aeesdap) se está trabajando en esa dirección. “El reequilibrio económico-financiero es fundamental, pero no sabemos cuándo cobraremos”, admite Javier Blanco, presidente del organismo.
Hace unos meses, los gestores de centros deportivos municipales apuntaban a que tenían una situación algo menos delicada que los gestores privados porque tenían derecho a compensación…
En las concesiones administrativas el nivel de afectación ha sido similar al de los operadores privados. Las instalaciones han estado cerradas y han sufrido la merma de ingresos, que hace que este modelo de gestión esté al límite o al borde del cierre. Aquí el reequilibrio económico-financiero es fundamental, pero no sabemos cuándo cobraremos y eso nos genera un problema de liquidez. Hay incertidumbre e inseguridad jurídica, porque depende de la interpretación que hace cada ayuntamiento.
¿La ley de contratos no es clara?
No lo es. Algunas administraciones recurren a ampliar la duración del contrato para compensar las pérdidas, pero esta medida se creó para ciertas cuestiones y creemos que no es aplicable. Si tengo una pequeña desviación como consecuencia de un imprevisto, esa compensación me sirve, pero si estoy cerrado siete meses y me amplías el contrato, me estás ampliando el plazo de empresa zombie. Necesitamos medidas tangibles como reducción del canon, aportación económica en un momento dado, exoneración del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), porque la situación actual ha impactado en la cuenta de resultados.
¿Cómo está siendo la relación con la Administración desde el estallido de la crisis?
La interlocución es nula en algunos casos, y en otros casos sí que nos atienden. Uno de los problemas es que cada Administración interpreta la norma de forma diferente. Lo que nosotros pedimos es una compensación por la diferencia del ingreso de este año en relación al año pasado o, por lo menos, una ayuda económica para soportar los gastos.
¿Y qué respuesta han obtenido?
Hemos encontrado ayuntamientos que han respondido bien, y otros que han negado la mayor. Algunos han paralizado o flexibilizado el canon, y otros que lo pagan al 100%. Si eres una empresa que trabajas con diez consistorios distintos, tienes que gestionar diez realidades distintas.
Javier Blanco: “El deporte es un motor de cambio social y una palanca de crecimiento económico tras esta crisis”
¿Esta siendo más fácil gestionar esta situación en el ámbito de la prestación de servicios deportivos?
El sector de la prestación de servicio es muy seguro, no hay riesgo, pero son contratos muy cortos en el que las rentabilidades son muy ajustadas. Ese tipo de contratos depende de los ingresos que genera el servicio y que nos da la Administración. Por ejemplo, con una facturación de 50.000 euros, de las que el 80% va a parar a salarios, la situación de la empresa es muy delicada porque no tiene capacidad de hacer frente a un golpe de estas características.
¿Qué feedback están recibiendo de los ayuntamientos en lo que concierne a los contratos de prestación?
Hay una parte importante de silencio e incomunicación, de no poder hablar con nadie. Y en segundo lugar hay ayuntamientos que consideran que contratan a empresas por precio y hora. ¿Qué ocurre? Que se da una perversión de una cláusula de los pliegos, porque los consistorios solicitan un contrato por necesidad del servicio, que es algo que depende de la demanda. Lo que ha pasado ahora es que como hay una situación de pandemia mundial, el ayuntamiento te reclama muchas menos horas de las habituales. Sin embargo, la empresa tiene que asumir gastos por toda su estructura de personal, un equipo creado para hacer frente a más demanda.
Hablado de costes asociados al personal, UGT y CCOO han denunciado que hay empresas que están pagando por debajo de lo que establece el SMI…
No me consta que sea así, y además estamos muy fiscalizados porque trabajamos de la mano de la Administración y por ende debemos trabajar bien. Es imposible que una empresa que trabaja con organismos públicos esté pagando por debajo del SMI. Es más, con la subida del salario mínimo pedimos a los organismos contratantes, los ayuntamientos, que nos dejaran repercutir ese incremento en la Administración. Para las empresas de nuestro sector el incremento del SMI ha supuesto incrementar el precio por hora un 14%, pero nuestro margen no se ha elevado a ese nivel. Eso se debe a que las compañías han asumido el 100% de la subida, pues la Administración no ha mejorado lo que nos paga por los contratos de prestación.
¿A qué se acogen los ayuntamientos para no asumir esa subida?
Hay un informe de la Abogacía del Estado que dice que para que pudieran repercutirlo la subida del SMI tendría que haber sido una unilateral e imprevisible. La Abogacía dice que la subida de 2019 no fue unilateral e imprevisible. Pero creemos que no fue así, porque fue una imposición del Gobierno en 2019, no como la de 2020, que sí fue pactada. Ya hay alguna empresa de la asociación ha denunciado esto en el contencioso-administrativo, pero es una denuncia de un contrato concreto a un ayuntamiento en concreto. Estamos esperando resolución.
Javier Blanco: “La subida del SMI ha supuesto un impacto del 16,4% en nuestros gastos, que ha ido directo a la cuenta de resultados”
La parte sindical también denuncia que no se están actualizando las tablas salariales del convenio…
En realidad, somos los primeros interesados en que se actualicen las tablas, porque la Administración atiende a esas tablas del convenio a la hora de proponer un precio-hora en la licitación. Ocurre que la parte contratante aún está tomando como referencia las tablas salariales de 2019 y, por ende, pagan por debajo de lo que debería.
Entonces, ¿por qué no se actualizan las tablas salariales?
Ahora estamos en una época en la que quien más quien menos lucha para sobrevivir, y es difícil sacar tiempo para dedicarle a algo que ya, de facto, se está haciendo, que es pagar por encima del SMI. Nuestro interés es que la Administración pague lo que tiene que pagar y por eso queremos que se actualicen las tablas, por supuesto. Pero entendemos que ahora hay cuestiones más urgentes para la Administración.
¿Y cómo ha repercutido el aumento del SMI no asumido por la Administración en las cuentas?
Ha supuesto un 16,4% más de gasto salarial, especialmente en las categorías 4.1, 4.2 y 5, que son las que abarcan a los monitores deportivos, que es el tipo de profesional que más se da en las compañías de gestión de instalaciones y prestación de servicios deportivos. Ese 16,4% ha ido directo a la cuenta de resultados. En algunas compañías, como se pagaba por encima del convenio, se ha absorbido esta subida, pero a su vez esto ha llevado a pérdidas a muchas empresas.
¿Qué papel va a jugar el deporte en la sociedad tras esta pandemia?
El deporte es un motor de cambio social y una palanca de crecimiento económico tras esta crisis. Estamos enamorados de este sector y quizás le damos más importancia de lo que tiene, pero si se la damos porque lo creemos así. Soy consciente del tamaño que tenemos, pero creo que la Administración no es del todo consciente; por alguna razón no son capaces de poner el deporte donde corresponde. También creo que somos un sector pequeño con demasiadas asociaciones diferentes, y está bien que cada uno tenga su realidad, pero creo que deberíamos estar más unidos, crear una mesa del deporte global, para que el deporte sea al fin una cuestión de estado.