La falta de consenso -algunos piden unanimidad- en torno a la profesionalización del fútbol femenino no ha quedado sin consecuencias. Mediapro decidió en verano rescindir el contrato con la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (Acff) ante la ausencia de consensos que garantizaran la explotación de los derechos audiovisuales de forma ordenada, según explican fuentes de la industria a 2Playbook. El golpe de esta decisión es de 2,5 millones de euros sólo en 2021-2022, que se suman a los 31 millones que el Consejo Superior de Deportes (CSD) asegura que pondrá en tres años una vez haya acuerdo por los estatutos y se constituya la liga profesional.
El retraso en la constitución de la liga profesional es la razón por la que ha sido imposible ver un partido de la Primera Iberdrola en las dos primeras jornadas, a no ser que se siguiera en los canales oficiales de algunos clubes como FC Barcelona o Real Madrid cuando han jugado en casa. Y sin visos de resolverse hasta que no se cree formalmente la asociación que gestionará la competición y la que, tras los últimos cambios en el Real Decreto que regula los derechos audiovisuales del fútbol, debe encargarse de comercializar los derechos del campeonato.
Fuentes del grupo audiovisual confirman a este medio su decisión, tomada meses atrás, y críticos con la promesa que se les trasladó de que este año “se arreglaría el tema de los incumplimientos en las retransmisiones”. “Nosotros hemos estado difundiendo la competición durante años, pagando por los derechos, hemos pagado para que se pudiera hacer el convenio y ahora los responsables no son capaces de tirar la liga adelante”, lamentan.
La compañía firmó a principios de 2019 con la Acff, a razón de tres millones de euros anuales. El importe ya tuvo que rebajarse a los pocos meses, hasta 2,4 millones de euros, después de que algunos clubes como el Madrid CFF se salieran del contrato y abrieran un frente legal. Sin embargo, y ante la falta de acuerdo que ya se produjo a cuenta del convenio colectivo, aportó 1,1 millones más para que los once equipos que seguían en el contrato de televisión pudieran asumir los costes extra que suponía el nuevo marco laboral.
La temporada 2020-2021 se desarrolló más o menos con normalidad, con la emisión de cuatro partidos pese a los incumplimientos, y la gran esperanza estaba en el anuncio del Gobierno de declarar profesional la competición. Ese hito permitía deshacer la lucha competencial entre clubes y Real Federación Español de Fútbol (Rfef), pues serían los primeros a través de una asociación quienes asumirían la gestión. Con el ente presidido por Luis Rubiales tan solo deberían firmar un convenio de coordinación similar al que ya existe con LaLiga para el fútbol masculino.
Pero los dos bloques que ya existían en 2019 y 2020 se han mantenido en 2021, imposibilitando un acuerdo unánime en torno a los estatutos, que es lo que pide el Gobierno para aprobar el texto que 12 de los 16 equipos avala, más que una mayoría cualificada. “Estos retrasos están frenando no sólo que se lance un tender audiovisual, sino que también hay propuestas de patrocinio a las que no se está dando respuesta”, añaden.
Tras un verano de intensas negociaciones, las fuentes consultadas coinciden en que “hay una minoría de clubes que bloquean a una mayoría que los cuadriplica”, lamentan desde Mediapro. Se trata de FC Barcelona, Real Madrid y Athletic Club, en su momento a favor de que la Federación tuviera más protagonismo en la liga profesional. De momento, quien ha jugado un papel clave en estos años es la Acff -auspiciada por LaLiga, que le aportaba 1,6 millones al año-.
Los clubes integrados en esta entidad, que agrupa a la mayoría del sector, propuso unos estatutos que tenían el respaldo de los diez equipos de Primera Iberdrola a los que representa, pero el Consejo Superior de Deportes (CSD) exigió que el texto que llegara a su comisión ejecutiva debía tener una mayoría unánime. “El fútbol femenino no puede padecer la nube tóxica que envuelve al masculino”, alegan en círculos gubernamentales.
“Eso es imposible, siempre habrá alguna voz discrepante en función de lo que se esté votando”, lamenta un directivo. Más aún con los borradores que hay sobre la mesa, pues todas las voces consultadas indican que hay propuestas tanto del CSD como de Barça, Madrid y Athletic que consideran inaceptables, más aún a sabiendas de que la unanimidad no se exige ni en la Ley del Deporte ni en la legislación que rige a las federaciones.
El ente presidido por José Manuel Franco presentó en verano un modelo de estatutos, pero la sorpresa para todos los dirigentes es que su borrador otorgaba a la Rfef unos poderes que ninguna de las ligas profesionales existentes recoge: la presidencia debía salir de una terna de tres aspirantes propuestos por la Federación, que también elegiría la vicepresidencia y estaría representado en los comités disciplinarios y económico. Por si fuera poco, el presidente o presidenta es el que elegiría la comisión delegada, en lugar de ser por votación de los miembros de la asociación.
Tras este intercambio de ideas, los diez clubes de la Acff propusieron un nuevo texto inspirado en el del CSD, aunque eliminando todas las referencias a los atributos que se otorgaban a la Federación. Ese nuevo texto logró la adhesión de Atlético de Madrid y Sevilla FC, de modo que a los diez miembros de la Acff se le sumaban dos más, equivalente al 75% de todos los integrantes de la competición.
Sin embargo, y pese a que habido concesiones los tres equipos de LaLiga que junto al Madrid CFF, el acuerdo no se espera pronto. Y la razón no es otra que este bloque reclama que los estatutos recojan que cualquier modificación de estatuto tenga un quorum del 90%, lo que en la práctica les daría la opción de bloquear todos los proyectos con los que no estuvieran de acuerdo. “En ninguna otra asociación deportiva se exigen este tipo de mayorías”, denuncian.
Por esta razón, los doce clubes decidieron presentar formalmente el 27 de agosto ante el CSD el modelo de estatutos avalado por el 75% de los equipos, ante el bloqueo en la negociación que ha supuesto la posición de Barça, Madrid y Athletic. Sin embargo, el Gobierno quiere unanimidad y, aunque la prórroga para aprobar el documento termina mañana, las posiciones están tan alejadas en este punto que nadie confía en que haya fumata blanca en el corto plazo, a no ser que haya un cambio repentino en alguno de los dos bloques. El problema es que de eso depende que haya retransmisiones e ingresos audiovisuales, pero también un programa de patrocinio que amplíe la lista de marcas de la Primera Iberdrola más allá de la energética.
A eso se le suman los recursos que está dispuesto a aportar el CSD, que a cambio pide un consenso casi absoluto para el inicio de esta nueva etapa del fútbol femenino. Su miedo es que la Primera División de fútbol femenino arranque envuelta en polémica y de nada sirva su compromiso de aportar 31 millones en tres años para la remodelación de estadios, renovación de vestuarios y otras inversiones en infraestructuras.
La situación ha llevado a que incluso las jugadoras alcen la voz, sobre todo después de que el CSD reuniera a muchas de las capitanas para exponerles la situación. “Parece que la firma por la profesionalización se está retrasando más de lo debido. Tengo la sensación no se están cumpliendo los tiempos que deberían y es una lástima”, lamentó ayer Alexia Putellas, jugadora del FC Barcelona y premiada como la mejor de Europa en 2020-2021. “Es una firma que nunca llega; la creación de la liga es muy importante, ya que la situación actual genera mucha incertidumbre”, añadió Anaïr Lomba, jugadora del RCD Espanyol.
No es la primera vez que las jugadoras se ven afectadas por la polémica y las diferencias entre clubes y reguladores, pues esta situación ya se dio con la negociación del convenio colectivo. El nuevo marco laboral mejoró las condiciones laborales y elevó el salario mínimo a 12.000 euros, si bien el aumento de equipos de LaLiga en las dos máximas categorías ha permitido que los sueldos medios ya oscilen entre 20.000 euros y 30.000 euros.
Actualmente sólo hay tres entidades independientes en la Primera Iberdrola, cuya continuidad no es nada sencilla a medida que se incrementan las exigencias para los participantes aunque sea a modo de inversión, pues hoy los ingresos no cubren los gastos. En junio, y aunque ya se había decidido profesionalizar la liga, la Federación presentó unas bases de competición que exigían un presupuesto mínimo de 1,5 millones de euros anuales para los equipos a partir de 2023-2024.
Pese a todos estos contratiempos, y en comparación con el resto de ligas femeninas europeas, la española es la tercera más potente económicamente, sólo por detrás de la Toppserien (Noruega), con presupuestos medios de 869.000 dólares (710.770 euros), y lejos de la Barclays FA Women’s Super League (WSL), la Premier británica, que sigue creciendo y ya alcanza los 996.000 dólares (813.461 euros).
