La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Cnmc) vuelve a dejar claro que los derechos de televisión son propiedad de los clubes. Y, nuevamente, lo hace a cuenta de un pliego de la Real Federación Española de Fútbol (Rfef), a la que insta en un nuevo dictamen a “eliminar la mención a la titularidad de derechos que no tiene reconocidos” y “limitar las facultades que le han sido otorgadas” a la venta de las retransmisiones de la Copa del Rey y la Supercopa de España.

En esta ocasión lo hace a cuenta de la venta de los derechos audiovisuales de la Primera Rfef, con la que el ente presidido por Luis Rubiales aspira a conseguir 15 millones de euros anuales. El informe no es vinculante, por lo que el concurso podrá seguir adelante sin las numerosas modificaciones solicitadas por el regulador. “El documento incumple varios requisitos establecidos en el Real Decreto-ley 5/2015”, advierte, en referencia al texto que permitió centralizar la venta de derechos de LaLiga.

La Cnmc recuerda que ya es la octava vez que incide en esta cuestión, sin que se hayan atendido sus solicitudes. En esa lista de cambios, también vuelve a figurar el “no incluir oportunidades y obligaciones comerciales relativas a la publicidad que no se encuentran amparadas por la norma jurídica de aplicación y que resultan injustificadas y contrarias al principio de libertad de empresa”.

Se refiere, en concreto, a la obligación de reservar para la Federación y sus patrocinadores spots de 80 segundos a repartir entre cuatro anunciantes antes después y a mitad de cada partido, cuatro colas de autopromoción durante los días previos a cada partido, y cuatro cartelas de patrocinio de quince segundos al inicio y final de cada una de las partes. También exige diez impresiones de seis segundos cada una, así como derechos de adquisición preferente por parte de los patrocinadores de tiempos televisivos.

La Cnmc también pide “no incluir las reservas de derechos, derechos no exclusivos, derechos incluidos, derechos reservados, otros derechos, etcétera, que no se justifican”. A su vez, pide “eliminar restricciones técnicas que pretenden ofrecer un producto de inferior calidad y que no se justifican suficientemente”.