La Justicia da la razón a Mediapro en otra de sus disputas con la Rfef. Así, la federación que preside Luis Rubiales tendrá que indemnizar al grupo audiovisual liderado por Jaume Roures con 1,25 millones de euros por cometer abuso de posición dominante en el concurso de adjudicación del VAR de 2019, tal y como adelantó El Independiente.

Esta cuantía correspondería a la sanción por los daños y perjuicios cometidos por la Rfef. El fallo de esta sentencia es recurrible y Mediapro ya ha anunciado que solicitará al juez una aclaración ya que, de acuerdo a los cálculos del grupo, el perjuicio económico derivado de haber sido excluida del concurso asciende a 2,1 millones de euros.

Hay que recordar que en 2018 LaLiga y la Rfef alcanzaron un acuerdo para comenzar a testar el servicio de videoarbitraje en España, para lo que las organizaciones contrataron como proveedor técnico a Mediapro hasta 2022. Sin embargo, finalmente este contrato sólo tuvo validez durante una temporada ya que en 2019 la federación sacó a concurso el servicio.

El organismo presidido por Rubiales defendía que el convenio alcanzado por Mediapro sólo tenía una duración de un año y designó a Hawk-Eye como proveedor oficial, pese a que la compañía de Roures había presentado una oferta más ventajosa. La Rfef defendió que había tomado la decisión primando la experiencia de Hawk-Eye.

Segunda victoria del año

Esta victoria de Mediapro en los juzgados se suma a otra conseguida el pasado mes de enero. En ella, el grupo consiguió un fallo favorable frente a la Rfef por los derechos audiovisuales de la Copa del Rey. El Juzgado Mercantil número 3 de Madrid dio la razón a la compañía, que interpuso una demanda contra el ente regulador por excluirla de la adjudicación de los derechos nacionales e internacionales del torneo para el periodo 2019-2022. El organismo presidido por Luis Rubiales deberá indemnizar a la compañía dirigida por Jaume Roures y Tatxo Benet, aunque el importe aún debe calcularse y no ha trascendido.

La sentencia establece que la Rfef abusó de su posición de dominio para perjudicar a Mediapro y la condena a indemnizarla por las ganancias dejadas de obtener por no haber sido adjudicataria de la gestión de los derechos. Según el texto de la sentencia, la Rfef violó la Ley de Defensa de la Competencia del Tratado de la Unión Europea, en la licitación al establecer en las bases la exigencia de difusión en HD, al impedir la sublicencia posterior de los derechos y al establecer un precio mínimo de reserva, fijando como tal un precio desproporcionado en relación con el precio de mercado.