España tiene muchos números de poder adjudicarse los Juegos de Invierno de 2030, pero la cuenta atrás ha empezado y en los despachos empieza a urgir el poder hacer oficial la candidatura. “Si no formalizamos la candidatura a corto, el tren de 2030 se nos escapa”, admite a 2Playbook Gerard Figueras, secretario general de Deportes de la Generalitat de Catalunya. El dirigente espera que la firma entre administraciones pueda hacerse en la primera quincena de septiembre, después de semanas de duro trabajo para armar un proyecto que finalmente también involucrará a Aragón.

El dirigente insiste siempre en blindar la candidatura olímpica del choque política que existe entre el Ejecutivo catalán y el Estado, algo que ha conseguido también con la implicación del Comité Olímpico Español (COE). “Queremos que haya un mensaje claro a nivel interno y que se visualice que, pese al tema político, en deporte vamos todos a una y podemos tener un espacio de diálogo”, argumenta Figueras, consciente de que necesitan esa cohesión para lograr el visto bueno del Comité Olímpico Internacional (COI).

Un gesto claro ha sido implicar a Aragón en la iniciativa, de modo que políticamente sea más sencilla la captación de apoyos en el conjunto del Estado. El acuerdo entre Generalitat, Gobierno de Aragón, Consejo Superior de Deportes (CSD) y COE es total, y sólo la gestión de la pandemia está demorando el avance. “Todo el equipo técnico acabó el dossier en junio, y la oportunidad la tenemos ahí porque el COI ha flexibilizado aún más los criterios”, enfatiza Figueras.

El riesgo, apunta, es que esa búsqueda de agilidad también podría dejar fuera a España si antes surge otra candidatura que convenza al movimiento federativo internacional. La fecha tope para decidir dónde serán esos Juegos es 2023, pero Figueras indica que “todas las normas han cambiado y es más un proceso de diálogo con los países que un concurso en sí; si hay un proyecto más maduro, no deberá esperar y puede pasar la propuesta al comité ejecutivo”.

Un estudio indica que la recaudación fiscal será superior a los 400 millones de euros que debe generar el comité organizador

De ahí la urgencia por sacar adelante un proyecto que, al menos en Cataluña, tiene un alto índice de aceptación. Según la última encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat, un 43,2% de catalanes valoran como “positiva” y un 36,9% como “muy positivo” para la comunidad autónoma la posible organización de los Juegos. “El apoyo es mayoritario, pero no total, porque las entidades medioambientales tienen en mente el anterior modelo y necesitamos hacer oficial la candidatura para explicarla”, sostiene.

Y ahí entra también el componente económico, pues los promotores consideran que “este es un proyecto que claramente puede ayudar a la recuperación del país tras el Covid-19 porque es un plan a diez años vista que no contempla ni un solo metro de desarrollo urbanístico y tiene la sostenibilidad como bandera”. “Los Juegos de Invierno tienen que ser vistos como una locomotora y no como vagón cargado de piedras que ralentiza”, dibuja Figueras, acompañado de previsiones de negocio.

Tras dos años de intenso trabajo, el presupuesto se ha logrado mantener en torno a 1.300 millones de euros, uno de los más económicos de la historia gracias a la estrategia de reutilización de instalaciones. Las federaciones internacionales deberían dar el visto bueno, pero la idea es que el Pirineo aragonés acoja las pruebas de fondo en Benasque y algunas competiciones de hielo, mientras que el Pirineo catalán y Barcelona acogería el resto. Eso sí, hay acuerdo para que Francia asuma las pruebas de trampolín y skeleton, “que son instalaciones caras que no tenemos y no queremos construir”.

Esto en cuanto a los costes, pero también están los ingresos. El COI asume 900 millones de la financiación necesaria, mientras que el comité organizador debe generar 400 millones de euros con la venta de entradas, comercialización de merchandising y patrocinios. Ahí está el miedo de algunos detractores, que es que no se pueda cubrir ese importe con recursos privados.

En este sentido, Figueras avanza que “hemos realizado las primeras estimaciones y creemos que, en el improbable caso de no encontrar un euro, la recaudación impositiva lo cubriría, porque salen más de 400 millones de recaudación fiscal directa e indirecta”. ¿Cómo? Con la llegada de 15.000 personas procedentes del extranjero, con el consumo que eso generará, y la movilización de la actividad empresarial con los preparativos y ejecución de la competición.

La obsesión por conseguir que Pirineos 2030 no sea visto como un ejemplo de derroche tras la mala experiencia de Madrid ha sido visible desde el primer día. “Antes las oficinas técnicas costaban varios millones de euros, pero, si nosotros tenemos que hacer equipo de candidatura, estamos hablando de tres millones de euros; es una reducción drástica”, defiende.