El Comité Olímpico Internacional (COI) se propuso en 2014 dar un lavado de cara a una imagen diezmada por lacras como el dopaje o la corrupción en los órganos deportivos. El organismo se encontraba inmerso en una situación de gran inestabilidad económica y comenzaba a surgir un fuerte movimiento antiolímpico que a la postre acabó por frustrar las candidaturas del Tirol o Calgary para los Juegos de Invierno de 2026.
Ambas ciudades decidieron no presentarse porque no contaban con apoyo popular. El COI debía reaccionar con celeridad para garantizar el funcionamiento del deporte olímpico y volver a conseguir que organizar una cita olímpica sea la principal ambición de las ciudades. Los 50.000 millones de dólares (45.881 millones de euros) que costaron los Juegos de Sochi fueron la gota que colmó el vaso en el seno del COI tras varias ediciones marcadas por los sobrecostes y el abandono de instalaciones.
En este contexto es cuando surge la Agenda 2020, una nueva hoja de ruta para el movimiento olímpico que consta de 40 medidas con el fin de recuperar el legado perdido y adaptarse a los nuevos tiempos en términos de sostenibilidad, transparencia y buenas prácticas que ha terminado con un ahorro de 4.580 millones de dólares (3.800 millones de euros) en la organización de los Juegos de Tokio y la eliminación ya en Los Ángeles 2028 de las nuevas sedes permanentes.
El eje central de este plan de choque ha sido la sostenibilidad, algo que atañe tanto a lo económico como a lo medioambiental. No en vano, las previsiones del COI con la Agenda 2020 situaban el ahorro para los Juegos de verano en 1.000 millones de dólares (1.020 millones de euros) y en 500 millones de dólares (510 millones de euros) en el caso de los Juegos de invierno.
Las infraestructuras son uno de los principales motivos por los que París y Los Ángeles fueron elegidas para las citas de 2024 y 2028. La candidatura francesa salió adelante con el 95% de las instalaciones ya construidas y en el caso de la ciudad californiana asciende hasta el 97%. De este modo, no se construirá ningún recinto deportivo permanente, limitando las nuevas obras a espacios temporales.
Si bien es cierto que la cita del pasado verano en Tokio logró ahorrarse 2.200 millones de dólares (2.247 millones de euros) con la revisión del Plan Maestro de las sedes, otros 2.100 millones de dólares (2.145 millones de euros) con la denominada Nueva Norma y 280 millones de dólares (286 millones de euros) más gracias a los planes de optimización y simplificación de la organización de la cita olímpica tras la llegada de la Covid-19; ha sido la cita olímpica con mayor desembolso hasta la fecha con un coste final de organización de 28.000 millones de dólares (28.600 millones de euros).
Milán-Cortina, un espejo para Pirineos
El COI ha abierto la puerta a las candidaturas conjuntas entre diferentes ciudades o regiones. Los Juegos de Milán-Cortina 2026 son el espejo en que deben mirarse las siguientes candidaturas: reducción de un 80% del presupuesto en comparación con Pekín 2022, con el 93% de las instalaciones ya construidas y con una sede compartida.
Si la candidatura elegida para 2026 ha sido un ejemplo a seguir, los Juegos de Pekín 2022 marcan lo que no se debe hacer. La cita olímpica celebrada en la capital china alcanzó los 84.000 millones de euros, sumando el presupuesto inicial a lo que las autoridades gastaron en la promoción de la industria de la nieve y en la construcción y puesta a punto de instalaciones.
El legado es otro de los ejes centrales del deporte olímpico en esta nueva era. El COI impulsará una monitorización de cada una de las sedes para conocer el estado de actividad de las mismas. Dejar un legado sostenible de las ciudades sede de cara al futuro será una de las obligaciones a las que tendrá que hacer frente cada candidatura una vez hayan albergado el evento.
La disponibilidad de instalaciones ya construidas y el no necesitar construir una Villa Olímpica por la amplia oferta hotelera del Pirineo era uno de los puntos fuertes de la candidatura de España para la cita olímpica de 2030, que ahora se ha paralizado por la falta de acuerdo sobre el nombre de la candidatura y las sedes donde las pruebas tendrían lugar.
De igual forma que la sede italiana para los Juegos de 2026, la intención era que la candidatura de los Pirineos para la cita olímpica de 2030 se presentara de forma conjunta entre Cataluña y Aragón, una opción que actualmente ya no está sobre la mesa. Esta candidatura no era una excepción, pues Vancouver-Whistle (Canadá) también han sumado fuerzas. En cambio, Sapporo (Japón) y Salt Lake City (Estados Unidos) se han presentado en solitario.
¿Es la multisede un punto a favor? Sólo cuando no se disponen de las instalaciones necesarias para sacar adelante una candidatura. Lo que pide el COI es que no se construyan equipamientos permanentes cuando no esté garantizado un legado de los mismos. De ahí que Cataluña y Aragón negociaran una candidatura conjunta y, además, se estudiara la posibilidad de celebrar pruebas en Budapest (Hungría). Así, la candidatura pirenaica buscaba replicar los principios de sostenibilidad reclamados por el COI.
Lo que pide el COI es que no se construyan equipamientos permanentes cuando no esté garantizado un legado de los mismos
Sobre la mesa también estaba la construcción de un centro de alto rendimiento de deportes de invierno en el entorno de Barcelona, un proyecto que sólo saldrá adelante si finalmente Cataluña presenta propuesta, en solitario o acompañada, y finalmente resulta elegida. Ni la región catalana ni la aragonesa entierran el sueño olímpico, aunque son conscientes de que parten en última posición en la carrera por adjudicarse la cita para 2030 tras no haber encontrado una solución para su conflicto.
De cara a 2034 las posibilidades están abiertas. En cualquier caso, las cifras de presupuesto que se manejan fueron de 1.300 millones de euros para el comité organizador, de los cuales 900 millones los aporta el Comité Olímpico Internacional (COI) y el resto debían generarse a través de los acuerdos de patrocinio que firme el país anfitrión y la venta de entradas.
Es un importe que está lejos de las cifras que manejaron macroproyectos olímpicos como el de Sochi, pero también de los números que se barajan para unos Juegos de Verano: entre 3.500 millones y 4.000 millones de euros, según Juan Antonio Samaranch, vicepresidente primero del COI e hijo del expresidente del Movimiento Olímpico. Y, la pregunta del millón: ¿Unos Juegos de invierno o de verano en España serían sostenibles? “Arrojarían beneficio”, asegura Samaranch.