Han pasado más de dos años desde que se aprobó en Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley del Deporte, un texto que no salió adelante tras recibir más de un centenar de enmiendas procedentes de los actores deportivos. Ahora, el Consejo Superior de Deportes (CSD) ha presentado un nuevo texto sujeto a consulta pública y, pese a que se habían prometido cambios en el texto, el artículo más polémico suscitó en febrero de 2019 se mantiene tal cual se presentó entonces. Se trata del artículo 86.2 (el 90.2 del anteproyecto de 2019), por el que se prohíbe a las ligas profesionales adquirir, explotar o comercializar los derechos económicos de cualquier competición de la que no tengan la condición de organizador.
En la práctica, esto supone un veto a la LaLigaSports TV, una OTT impulsada por la gestora del fútbol profesional, que en los últimos años ha adquirido los derechos de emisión de las competiciones gestionadas por numerosas federaciones con el fin de darles visibilidad en su plataforma y poder conectar con el público que sigue otro tipo de modalidades deportivas.
Esta opción se había convertido en un importante generador de ingresos para las federaciones, puesto que con el dinero que aportaba LaLiga podían costear parte de los costes de producción para emitir sus torneos y, de este modo, dar visibilidad a sus patrocinadores. La emisión de sus torneos en LaLigaSports no implicaba una cesión en exclusiva de los derechos, puesto que las federaciones también podían alcanzar acuerdos con otros operadores. La partida de LaLiga a las federaciones, que en 2016 fue de seis millones, se ha ido reduciendo paulatinamente. En 2017 fue de cuatro millones de euros y entre 2018 y 2020 se fijó en tres millones por temporada.
Cuando se presentó el anteproyecto de Ley del Deporte en 2019, este artículo causó malestar en algunas federaciones deportivas, y así se lo hicieron saber al Consejo Superior de Deportes. De hecho, las federaciones presentaron más de 50 enmiendas al texto, que finalmente no salió adelante. La idea era retomar la cuestión en 2020, tras meses de reuniones con los actores deportivos para recibir feedback, pero la pandemia obligó a reordenar las prioridades.
En 2019, el entonces ministro de Cultura y Deporte, Rodrigo Guirao, recalcó que se introdujo este artículo en el anteproyecto para “evitar monopolios” para “favorecer a las más pequeñas”. En palabras de Guirao: “Una cosa es patrocinio, que no tiene negocio detrás, y otra es saber que los monopolios arrinconan al pequeño para fomentar al más grande”.
La única modificación que se recoge está en el artículo 86.1 (90.1 del anteproyecto anterior), donde, si bien se mantiene que “los organizadores de las competiciones serán los únicos que podrán explotar y comercializar sus derechos económicos en todos sus extremos”, se identifica que su “titularidad corresponde en cualquier caso a los clubes y entidades deportivas participantes en las mismas”. Es decir, por primera vez se introduce lo que la Cnmc lleva años defendiendo y reconociendo: los derechos son de los clubes.
