La Generalitat Valenciana insta al Circuito de Cheste a instaurar un mayor control financiero. A través de la Sindicatura de Comptes, que es la entidad que ejerce el control externo económico del sector público en la Comunidad Valenciana, se ha pedido a Circuito del Motor, gestora del recinto reestablecer el equilibrio patrimonial en 2020.

Asimismo, ha instado a la gestora reorganizar “el departamento de contratación, introduciendo mecanismos de control interno, para garantizar que en la tramitación de los expedientes de contratación futuros no se produzcan los incumplimientos de la normativa vigente”, según informa EFE.

La Sindicatura ha emitido un informe de fiscalización del ejercicio 2019 del Circuito del Motor y Promoción Deportiva, del que se desprende que el patrimonio neto de esta sociedad es inferior a la mitad de su capital social, por lo que se encuentra en una de las causas de disolución previstas legalmente.

De ahí que se haya pedido a la gestora realizar “la operación societaria correspondiente para reestablecer el equilibrio patrimonial en 2020”. Asimismo, se detalla que los terrenos sobre los que se ha construido el circuito de velocidad son propiedad de la Generalitat, y que hasta la fecha no se ha formalizado cesión alguna al respecto.

Los accesos y terrenos adyacentes al circuito, en cambio, son propiedad de la empresa pública, pero se advierte que “no se han contabilizado correctamente dichos activos, ni se ha podido estimar la vida útil de las inversiones realizadas en dichos terrenos”.

La Sindicatura de Comptes ha detectado “diversos incumplimientos significativos de la normativa aplicable a la gestión de la contratación”, entre ellos “contratos licitados durante el ejercicio 2019 que ya lo fueron en ejercicios anteriores por igual concepto, importes similares y en ocasiones adjudicados a los mismos licitadores, que son de carácter recurrente”, detalla el informe.

Por otra parte, se advierte que en tres expedientes se establece una condición especial de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden, que se califica de esencial, sin que en ningún caso exista constancia expresa en los expedientes de que se haya hecho ninguna comprobación sobre el cumplimiento de esta condición especial.

Además, en un contrato formalizado en 2015 y en vigor en 2019, se ha prestado el servicio sin cobertura contractual durante dos años, ya que no se suscribió la prórroga una vez finalizado el periodo inicial de dos años, sino que se hizo por consentimiento tácito de las partes y en contra de la voluntad del adjudicatario y de lo establecido en el contrato original.

Por todo lo anterior, la Sindicatura recomienda la reorganización del departamento de contratación, que se archive toda la información relativa a cada contrato en un expediente electrónico ordenado, completo y con un índice y que se verifique que los empresarios propuestos por las mesas de contratación cumplen los criterios para acreditar la solvencia técnica, la solvencia económica y financiera, así como el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.