La Fiscalía considera acreditado que existió el espionaje a Jaume Roures por parte de Robert Cama, entonces responsable del departamento de informática de Mediapro, y Joan Carles Raventós, que durante la comisión del presunto delito trabajaba en Bonus Sports Marketing. El ministerio público acusa a ambos de haber espiado durante al menos tres años más de 11.500 correos electrónicos del fundador del grupo audiovisual.
Las vistas del juicio terminaron este viernes en el juzgado de lo Penal 20 de Barcelona con las conclusiones de las partes. En su informe final, el fiscal asegura que ambos acusados interceptaron esos correos, el primero como “autor material” y el segundo en calidad de “inductor”, después de que ambos “concertaran” espiar los correos de Roures de su dirección corporativa.
Por estos hechos, ambos se enfrentan a una posible pena de cuatro años de prisión. Según el fiscal, estos hechos acusatorios se sustentan tanto en los testimonios que han declarado a lo largo del juicio, como en la prueba pericial practicada. Sandro Rosell quedaría eximido de toda responsabilidad después de los testimonios de todas las partes.
De esta manera, el ministerio público ha alegado que el exresponsable del departamento de informática de Mediapro tenía, dado su cargo, acceso y el control del sistema informático de la empresa para la que trabajaba en “exclusividad”, por lo que fue quien instaló el servidor de Bonus en la compañía de Roures, con el objetivo de “captar esos más de 11.500 correos” y hacerlos llegar al segundo de los procesados, según informa Efe.
“Era inviable que otra persona instalara el servidor, por eso es clara la participación” de este acusado, ha subrayado el fiscal, que recalca que todo se hizo evidentemente sin el consentimiento de Roures, que actúa como demandante. Según las pruebas, Cama hacía copias de los mails para luego reenviarlos a responsables de BSM. Sobre ello, ahonda en que no fue casualidad el reenvío de los mensajes y que todo fue una acción “concertada” y con una “dinámica planificadora” probada.
En cuanto a los atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del daño que solicitan las defensas, el ministerio público ha delegado la interpretación de los mismos en la magistrada.
Inicialmente, Mediapro se querelló también por el supuesto espionaje contra el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell -quien había sido el propietario de BSM-, al considerar que guardaba relación con la sustracción de correos electrónicos, aunque el juzgado que investigó el caso archivó la causa contra él, decisión que luego avaló la Audiencia de Barcelona.
