El regreso de las competiciones no profesionales, en entredicho. El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha decidido descartar la aprobación de un protocolo común con las garantías sanitarias necesarias en este ámbito. La razón no es otra que la falta de acuerdo entre las 17 comunidades autónomas, que son las que ostentan las competencias, y las propias federaciones deportivas.

El primer punto de discordia ha sido el de la financiación, pues el ente presidido por Irene Lozano se comprometía a gestionar y coordinar el fondo de recursos, pero también exigía que su aportación fuera complementa con dinero de las federaciones, los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos. Se estima que las necesidades superarían ampliamente los 50 millones de euros, una cifra que los clubes no están dispuestos a asumir para no comprometer su viabilidad.

En cuanto a las federaciones, su capacidad económica también hace inviable que puedan asumir la financiación de todas estas pruebas, especialmente en un momento en el que sus ingresos han caído de forma abrupta por la crisis del Covid-19. Según la Asociación Deporte España (Adesp), la crisis provocada por este virus provocará una caída del 38,5% de sus ingresos respecto al presupuesto original de 2020. Además, las federaciones estiman que la realización de pruebas de detección del virus supondría un gasto agregado de 80 millones de euros.

Al margen de la cuestión económica, el CSD también critica que “la falta de acuerdo es relevante en el ámbito sanitario en cuanto a la práctica de pruebas”, ya sean PCR o serológicas. Su propuesta de mínimos establecía la realización de controles antes del inicio de las competiciones, y después, con carácter aleatorio y reiterativo. “Si bien esta posición es compartida por una gran parte de los negociadores, el quórum no fue suficiente como para poder llegar a un acuerdo global en este punto”, lamenta.

Las federaciones estiman que la realización de pruebas de detección del virus supondría un gasto agregado de 80 millones de euros

El organismo gubernamental apunta a diferencias de criterio entre las comunidades autónomas, pero también entre las propias disciplinas deportivas. No es la misma capacidad la que pueden tener los equipos semiprofesionales de fútbol, que reciben importantes aportaciones de LaLiga, que la de las competiciones de rugby o natación, por ejemplo.

Ante el estancamiento de las negociaciones, Lozano ha decidido tirar por la vía del medio y supeditar el regreso de todas estas ligas y campeonatos nacionales al acuerdo entre las federaciones y las autonomías. Así, sólo se compromete a garantizar la actividad deportiva de los 5.000 deportistas de alto nivel, de los deportistas olímpicos y paralímpicos y de las ligas femeninas de fútbol y baloncesto.

“En una ausencia de un marco común, serán las Federaciones y las autonomías quienes deban acordar los términos de cada una de las pruebas a disputar”, concluye el CSD, que recuerda que “el protocolo básico que elaboró el Consejo y los protocolos individualizados de las propias federaciones es suficiente para garantizar que la actividad deportiva continúe”.

Entre los clubes también preocupa la discrecionalidad que puede producirse en términos de regreso de los aficionados a las gradas, donde tampoco hay acuerdo. El Gobierno proponía la presencia de hasta 1.000 espectadores al aire libre y 500 en espacios cerrados, pero comunidades autónomas como la de Madrid se muestran más flexibles y en otros territorios son más rígidos.