La Comunidad de Madrid quiere que el deporte sea un instrumento relevante en la reactivación económica de la región tras la Covid-19. Por ello, ha anunciado que concederá ayudas económicas a las federaciones deportivas madrileñas para promover y fomentar la organización de grandes eventos deportivos de ámbito nacional e internacional.

De este modo, el Gobierno de la Comunidad espera que dichos certámenes deportivos atraigan visitantes, aficionados y familiares de los deportivas, con el derivado impacto económico que esto puede generar.

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso no ha aclarado cuánto dinero destinará a este fin, pero el consejo de Gobierno ha aprobado las normas reguladoras del procedimiento de concesión directa de estas subvenciones.

Las ayudas se tramitarán siguiendo el orden de presentación de solicitudes y hasta agotar el crédito disponible. La determinación de las cuantías se hará en función de una puntuación obtenida del resultado de diferentes parámetros como el ámbito territorial del evento, si la modalidad es o no olímpica, la categoría de edad, el número de equipos participantes o el impacto mediático y económico del evento, entre otras.

Las subvenciones irán dirigidas a cubrir los gastos técnicos y sanitarios, el alojamiento, manutención y desplazamiento de los deportistas, así como técnicos, jueces y árbitros que participen en la competición.

También costearán los gastos de adquisición de material no inventariable para la celebración de la cita. Además, se prevé la cobertura del canon federativo, las tasas por permisos para la celebración del campeonato, así como los costes derivados de las primas, publicidad, servicios de vigilancia y seguridad o la adquisición de trofeos y medallas.

“La celebración de estos eventos supone una actividad de claro interés público, tanto por su impacto deportivo, por su incidencia en la promoción de una determinada modalidad deportiva, por su repercusión económica indirecta en el sector turístico, cultural, de restauración, hostelería, transporte; así como por su impacto social”, argumenta el Gobierno de la Comunidad de Madrid en un comunicado.