Las irregularidades detectadas en los contratos de licitaciones deportivas siguen creciendo. El pasado 2022, la Asociación Española de Empresarios de Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas (Aeesdap) intervino en un total de 110 consultas de empresas relacionadas con posibles irregularidades cometidas en la configuración de las licitaciones del sector, tanto en contratos de prestación de servicios como de concesión, por un valor de 158,6 millones de euros.
Esta cifra representa un crecimiento del 9,8% con relación a 2021, cuando se llegaron a revisar un total de 105 expedientes por un valor estimado de 144,4 millones de euros. En 2020, Aeesdap intervino en 69 expedientes de contratación de cuyo importe no trascendió.
“Después de tres años de operativa, el servicio de consulta y denuncia de irregularidades en licitaciones se consolida como una herramienta eficaz para la supervisión de expedientes de contratación y, por tanto, para la mejora de nuestro sector”, expone Yago Monteoliva, gerente de Aeesdap. La patronal considera que “licitar con garantías debe ser una prioridad”, y se marcan como objetivo “acabar con la ‘dictadura del precio’ para que realmente las ofertas supongan un valor añadido a la gestión de las administraciones y realmente prime una mejor relación calidad-precio”.
Aeesdap logró que se corrigieran el 80% de los contratos analizados, un porcentaje ligeramente inferior al 85% obtenido en 2021. En 2020 su tasa de éxito fue del 95%. “En 2022 hemos vuelto a tener un número muy similar de reclamaciones ante los tribunales, 16 recursos, uno más que en 2021, pero sigue siendo la última de las opciones en cuanto a vías de actuación, y en algunos casos los tribunales ni siquiera han tenido que pronunciarse puesto que las propias entidades han desistido de motu propio”, destaca Monteoliva.
Por otro lado, el gerente de Aeesdap alerta sobre la problemática que se presenta en el cálculo de los costes laborales. “Los convenios colectivos no son documentos fáciles de interpretar y en muchos casos no tienen en cuenta en su configuración las peculiaridades del modelo de negocio de los servicios deportivos a las administraciones públicas”, señala.
Monteoliva lamenta además que resulta “imposible anticipar” cuándo y en qué términos podrá firmarse el nuevo convenio colectivo estatal, que lleva denunciado desde 2019. “Si tienes que hacer cálculos salariales para un contrato a cuatro años no hay manera de agarrarse a una previsión fiable. La opción más prudente es hacer los presupuestos con un margen considerable. Este año han quedado desiertas licitaciones muy importantes porque el presupuesto no era viable a nivel de riesgos”, anota.
