El fichaje de Dani Olmo y Pau Víctor por el FC Barcelona en el verano de 2024 marca ya un nuevo capítulo en la compleja relación entre el club blaugrana, LaLiga, la RFEF y las normas del fair play financiero. Lo que debía ser un movimiento estratégico para reforzar al equipo se ha convertido en un culebrón administrativo que expone tanto las limitaciones económicas del Barça como las contradicciones del sistema regulador.
El fair play financiero de LaLiga, diseñado para evitar que los clubes gasten más de lo que generan, busca preservar la sostenibilidad de las entidades deportivas. Sin embargo, su implementación ha generado tensiones, especialmente en el caso del Barça, cuya gestión económica y estratégica se encuentra bajo constante escrutinio. La inscripción provisional de Olmo y Víctor, concedida tras la lesión de Andreas Christensen, alivió temporalmente al club, pero el plazo para regularizar su situación vencía el 31 de diciembre. Para agravar la situación, Christensen ha vuelto a recuperar su ficha en el equipo, lo que añade más confusión a la situación y a la gestión administrativa del club, pues el espacio ocupado por Olmo y Víctor decaía si el club no volvía a esa Regla antes del 31 de diciembre de 2024, fecha de retorno del danés.
¿Gestión financiera responsable o improvisación?
Consciente de la fecha límite, el Barça intentó cumplir con los requisitos presentando varias operaciones financieras. La renovación del contrato con Nike fue una de las iniciativas destacadas, convocando para ello una Asamblea Extraordinaria el 21 de diciembre, pero no pudo computarse íntegramente al tratarse de una ampliación de un acuerdo previo. Asimismo, la venta de derechos de palcos VIP por 30 años fue presentada como una garantía para cumplir las exigencias del fair play financiero, pero LaLiga parece ser, (algo que se tiene que explicar y/o demostrar) exigió pruebas inmediatas de su pago, recordando casos pasados, como los 200 millones comprometidos por Barça Studios que no se materializaron por completo y que permitieron ya la inscripción de ciertos jugadores como es el caso de Robert Lewandovski.
El Barça no logró acreditar en plazo, el abono parcial del citado contrato mediante el envío de 28 millones derivados de la venta de los palcos hasta el 3 de enero, un retraso fatal ya que de acuerdo con el Reglamento de la Federación Española de Fútbol (RFEF), un jugador no puede contar con dos licencias para el mismo equipo en una temporada. Por ello, al expirar las licencias provisionales el 31 de diciembre, tanto Dani Olmo como Pau Víctor quedaron, ese mismo día, automáticamente inhabilitados para competir con el FC Barcelona al no poder expedirse una nueva licencia sin haber probado la vuelta a la citada regla 1:1 antes de esa fecha.
El giro legal: la intervención del CSD
La concesión por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD al Barça de una medida “cautelarísima” que permite la reinscripción de ambos jugadores se produce tan solo horas después de que desde el Gobierno se comunicara que el recurso sería estudiado a fondo, lo que despertó dudas sobre la celeridad del proceso y su justificación.
Desde el punto de vista jurídico, el procedimiento llama la atención por la falta de audiencia previa a LaLiga y a la RFEF, principales afectados por la decisión ya que según el artículo 136 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, una medida cautelarísima exige razones de especial urgencia y debe ser adoptada con total objetividad, asegurando que no se prejuzga el fondo del asunto. Sin embargo, este movimiento del CSD parece haber priorizado consideraciones políticas y mediáticas por encima de los principios normativos, ya que más allá de mencionar una posible nulidad del órgano que ha dictado la resolución, todos los motivos esgrimidos parecen ser muy superfluos y carentes de protección y garantía de la normativa actual.
¿Un trato preferencial?
La medida cautelarísima otorgada al Barça desata un debate sobre si se trata de una aplicación excepcional de la normativa o de un trato de favor hacia un club emblemático para el fútbol español. Aunque el Barça es un pilar económico y mediático de LaLiga, las reglas deben aplicarse de forma equitativa para preservar la credibilidad de las instituciones deportivas.
No obstante, también es justo señalar que el Barça y el resto de los equipos de LaLiga, operan en un sistema de fair play financiero que a menudo resulta demasiado rígido y desfasado frente a las dinámicas de otras ligas europeas. La imposibilidad de computar ciertos ingresos, como las renovaciones de contratos o las ventas a largo plazo, limita a los clubes que buscan mantener la competitividad mientras equilibran sus cuentas.
Conclusión
La resolución del CSD a favor del FC Barcelona refleja más una decisión política que una aplicación rigurosa de las normas legales y deportivas. Aunque esta intervención ha permitido al club blaugrana reinscribir a Olmo y Víctor, el episodio pone de manifiesto la politización del fútbol español y la fragilidad de su sistema regulador.
El FC Barcelona debe abordar de manera estructural sus problemas económicos y demostrar su capacidad para cumplir con las reglas en lugar de depender de maniobras administrativas. Por su parte, las instituciones deportivas y gubernamentales, como LaLiga, la RFEF y el propio CSD, tienen la responsabilidad de garantizar un marco normativo justo, transparente y coherente, alejado de favoritismos y presiones externas.
Solo una reforma integral (que parece está en camino) y una aplicación imparcial de las normas devolverán la confianza en un fútbol español cada vez más dividido entre el deporte y la política.
Pablo García Suqué es cofundador & Comanaging partner de SPORTHINK
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