L’Ametlla del Vallès saca a concurso la gestión de su mayor centro deportivo. Se trata de un contrato valorado en más de 9,8 millones de euros por la gestión integral del Complex Esportiu Municipal (CEM) de Can Camp, según los pliegos a los que ha accedido 2Playbook. El contrato tiene una duración inicial de ocho años, y dos prórrogas anuales, hasta un máximo de diez años.
El Ayuntamiento ha abierto el proceso de licitación tras poner en marcha las obras de rehabilitación a las que destinará 710.000 euros. Se prevé que los trabajos de reforma duren cinco meses y sirvan para actualizar unas instalaciones que permanecen cerradas desde hace más de dos años. El consistorio las clausuró en diciembre de 2022 debido a problemas contractuales de la última adjudicataria, Illa Activa, que se declaró en concurso de acreedores y dejó sin gimnasio público a este municipio de menos de 10.000 habitantes en la provincia de Barcelona.
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La adjudicataria deberá implementar herramientas digitales para la gestión de los abonos, las reservas y la facturación, así como fomentar iniciativas para mejorar la sostenibilidad medioambiental. El recinto cuenta con una piscina cubierta, una sala de fitness, dos salas de actividades dirigidas, un espacio de entrenamiento exterior, una pista polideportiva y dos piscinas al aire libre.
El CEM Can Camp se construyó en 2011, y apenas cinco años después la empresa adjudicataria se declaró en concurso de acreedores. El Ayuntamiento aprobó resolver el contrato, aunque finalmente no ejecutó esta medida, e Illa Activa continuó al frente de la instalación hasta 2022. La pandemia y la crisis de suministros provocaron la desaparición de la compañía y la clausura del equipamiento municipal.
El consistorio ha invertido más de 5 millones en el complejo. Esta cifra incluye tanto la subvención de 1,5 millones para realizar las obras como el pago de cerca de 860.000 euros a una entidad financiera para resolver de manera definitiva el contrato de concesión y poder recuperar la gestión. De esta forma, Illa Activa retiró los contenciosos administrativos interpuestos contra resoluciones del Ayuntamiento, mientras que el consistorio quedó exento del pago de hasta nueve cuotas anuales más de 250.000 euros a la concesionaria en concepto de cuota niveladora.
Sobre Intelligence 2P
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