La crisis de la Covid-19 ha puesto en jaque a la industria del fitness, que al tiempo que intentaba detener la hemorragia de la pérdida de clientes, invertía en fidelizarles y en adaptar las instalaciones para que fueran espacios seguros. Ha habido sequía de ingresos, pero los directivos del sector aseguran que las facturas seguían llegando y la que más convulsionaba era la del alquiler, que supone entre un 20% y un 25% de los gastos totales de un gimnasio, según reconocen en la industria. Negociar con los propietarios ha sido uno de los caballos de batalla de los gestores.

“Las negociaciones han sido difíciles y duras”, asegura Juan del Río, consejero delegado de Viva Gym Group, compañía que opera alrededor de cincuenta gimnasios en España. Es una visión que comparte Rafael Cecilio, presidente de DreamFit, que asegura que en los primeros meses de la crisis fueron más complicadas, aunque valora que poco a poco “los arrendadores han comprendido que, o ayudan a los inquilinos, o van a tener un problema de vaciado en los centros comerciales”.

DreamFit ha conseguido alcanzar acuerdos “que al principio eran imposibles firmar”, asegura Cecilio, quien describe que hasta el momento ha cerrado acuerdos para el periodo de tiempo en que las instalaciones han estado cerradas. “Ahora estamos negociando rebajas para 2020 y próximamente empezaremos a negociar para el primer trimestre o incluso hasta junio de 2021”, afirma el presidente de la cadena de gimnasios low cost.

Cecilio anticipa un problema que preocupa al resto de operadores de instalaciones privadas, y es la duración de esta crisis. Las cadenas asumen que el impacto durará y la recuperación no será inmediatamente después de la llegada de la vacuna. “Esta situación tiene un impacto en el presente y aún desconocemos qué impacto tendrá el futuro, qué pasará con los aforos, y cómo afectará la crisis económica; es muy complicado negociar con una expectativa de futuro incierta”, añade Juan del Río.

La incertidumbre dificulta las negociaciones en un momento en que los gimnasios han perdido entre un 30% y un 40% de sus abonados, según las cifras compartidas por varios directivos del sector a 2Playbook. Se asume que, si la limitación de aforo del 30% o el 50% se mantiene en 2021, cada centro facturará menos, una caída que no necesariamente se dará en el precio del alquiler. De ahí que las cadenas de gimnasios estén tratando de negociar rebajas para los próximos meses.

Basic-Fit, el mayor operador europeo el número de gimnasios, ha conseguido que sus caseros le condonen 8,6 millones de euros hasta el primer semestre de 2020, según consta en presentación semestral para la comunidad inversora. Aún así, entre enero y junio pagó alquileres por 46,4 millones de euros, sólo un 5,6% menos que el año anterior. Este importe equivale al 54,5% de sus gastos operativos. Sus ventas en ese periodo cayeron a un ritmo muy superior, pues la cadena facturó un 31,5% menos.

Viva Gym Group, por su parte, recoge en sus cuentas está negociado con los propietarios de los locales para reducir el precio del alquiler entre abril y junio, periodo en que los centros estuvieron cerrados, y afirma que seguirá trabajando para negociar descuentos diciembre de 2021, momento en que espera recuperar su base de abonados. La cadena, que ha contratado a Cushman & Wakefield para esta tarea, tiene comprometidos 231 millones de euros en alquileres, con un gasto anual en arrendamientos que ronda los diez millones de euros.

Buena parte de su red se encuentra en Cataluña, que decretó el cierre de las instalaciones deportivas durante tres semanas, y aprobó un decreto ley para rebajar al 50% el importe del alquiler de los negocios cerrados, un movimiento que ha sido bien recibido por el sector, pero que consideran insuficiente. “Es un parche que ayuda, porque el problema no es sólo el cierre, sino cómo será la recuperación”, apunta Juan del Río, que está al frente de una de las cadenas de gimnasios con más locales firmados en España, junto a Altafit, Anytime Fitness y Brooklyn Fitboxing.

La mayoría de los gestores tienen contratos con grandes propietarios como family offices, promotoras como Núñez i Navarro o propietarios de grandes superficies. Un ejemplo es DreamFit, que trabaja con Alcampo, de modo que cuando algún local de sus centros comerciales está disponible, la cadena de gimnasios estudia el mercado y ocupa el espacio si encuentra la oportunidad. En su caso, las negociaciones han sido con la división inmobiliaria de Auchan, Ceetrus, lo que ha facilitado las conversaciones.

“Nos consideran un socio muy importante para el centro comercial y somos partners en la expansión; eso ayuda en la negociación, porque en lugar de tener a un arrendador por cada gimnasio, tenemos a uno para varios”, explica Cecilio, que también ha negociado con Carmila, la gestora inmobiliaria de Carrefour, o la socimi Grupo Lar. Otras, como Metropolitan, colaboran con hoteleras o particulares, con los que pactan un alquiler con un operador que construye un centro deportivo adhoc para esa cadena.

A cierre de 2016, esta empresa pagaba 12,8 millones de euros en arrendamientos, por los 3,8 millones que abonó Holmes Place en 2017. DiR, que opera grandes centros deportivos propios, pagó7,8 millones de euros en 2018 en arrendamientos y cánones, por los 1,6 millones de euros de Supera, que además de centros municipales opera clubes propios con la marca Supera 24 Fitness.

Snap Fitness: “Merece la pena alcanzar un acuerdo; si no se pacta y el inquilino es desahuciado, el arrendador tardará más en cobrar”

Una de las cadenas que se ha visto muy afectada por el cierre en Cataluña ha sido Snap Fitness, puesto que opera ocho de sus nueve centros en esta región. Además, la compañía es consciente de que no puede recuperar la normalidad, en tanto que el toque de queda impide que los centros puedan abrir las 24 horas del día, como dicta su modelo.

“Las negociaciones se han dado de manera muy diversa; hemos tenido desde propietarios que han hecho una reducción importante del alquiler durante los días que estamos cerrados y que han dado la posibilidad de prorrogarlos más allá, y otros que se han acogido al decreto de la Generalitat para cobrar el 50% durante el cierre y el 100% en cuanto volvamos a abrir”, reconoce Ester Ribera, ejecutiva al frente de Snap Fitness en España.

Ribera considera que las partes están condenadas a entenderse. “Si no se pacta y el inquilino es desahuciado, el arrendador no solo no va a cobrar, sino que tendrá esperar un tiempo hasta ocupar el local y volver a facturar; merece la pena negociar y alcanzar un acuerdo, porque lo contrario es negativo para ambas partes”, afirma.

Las cadenas de centros deportivos municipales que operan en régimen de concesión administrativa no han tenido este problema, puesto que el artículo 34.4 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la Covid-19, recoge que podrán acceder a una serie de compensaciones.

Algunos operadores apuntan a que necesitan liquidez para resolver los problemas de tesorería, aunque las administraciones también pueden ofrecer una prórroga del contrato o incluso darles la opción de subir la cuota para facturar más por cada abonado. Otros players que combinan el modelo municipal y privado, como Enjoy Wellness, han tenido que contactar con la Administración al tiempo que lo hacían con sus propietarios del suelo donde han levantado centros propios.

La compañía opera clubes en los terrenos de dos colegios en Fuenlabrada y Getafe, por lo que no paga un alquiler, sino que abona un canon anual a cambio de ofrecer una serie de ventajas y servicios deportivos a los centros educativos. “Se nos ha condonado parte del alquiler; los colegios no son un arrendatario tradicional, sino un socio con el que tenemos buena sintonía”, explica el director general de Enjoy Wellness, Óscar Martínez.  A diferencia de otras cadenas, “el directivo admite que el pago del fee no es nuestro mayor problema”.