Los fondos Next Generation han levantado altas expectativas en el tejido empresarial español que tiene el anhelo de digitalizar y hacer más sostenible medioambientalmente su actividad, pero muchos operadores asumen que no podrán acceder a dicha financiación. Uno de esos sectores es el del fitness, formado por gestoras de instalaciones deportivas públicas y privadas, que no alcanzan a cumplir los criterios definidos por el Consejo Superior de Deportes (CSD) para recibir parte de los 300 millones de euros que se inyectarán en el deporte español en el ciclo 2021-2023.
“Hemos decidido que vamos a hacer las inversiones en los centros que tenemos catalogados como centros de alto rendimiento o de tecnificación”, explica en una entrevista con 2Playbook el director general del regulador del deporte español, Albert Soler. El dirigente afirma que no podían ofrecer subvenciones a todos los operadores del sector, y defiende la necesidad de definir un criterio muy condicionado por su capacidad de actuación. “Nosotros tenemos competencia para ayudar a la alta competición; es complicado encontrar un criterio objetivo que decida a qué complejos sí y a cuáles no”, afirma.
Desde el CSD admiten que el reparto de los fondos europeos puede generar frustraciones tras las altas expectativas levantadas, y afirman que sólo pueden repartir financiación entre los complejos de alto rendimiento y de tecnificación porque son los que están catalogados como tales. Ello excluye a los gimnasios de titularidad privada y los municipales que están gestionados en régimen de concesión administrativa, salvo que estén catalogados como complejos para la práctica deportiva de alto rendimiento.
Las principales cadenas de gimnasios del sector han dejado de facturar más de 40% de su negocio en 2020, según un informe elaborado por BDO, aunque la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas (Fneid) eleva esta pérdida de ingresos por encima del 60% desde el estallido de la pandemia.
La patronal Fneid ha estado intentando que los gestores de gimnasios pudieran beneficiarse de estas inversiones, con vistas a favorecer la inversión privada, aunque ahora deberán buscar el acceso a esta financiación a través de las distintas convocatorias que se abran por parte del Gobierno, pero también comunidades autónomas y ayuntamientos. “Los operadores están dispuestos a invertir, y estas ayudas estimularían esa inversión en un momento complicado como el actual”, aseguran a este medio fuentes del sector.
Sólo teniendo en cuenta las necesidades del clúster gallego del deporte, se aspiraba a lograr hasta 40 millones de euros de los fondos europeos, según un proyecto encargado a la consultora BDO. La voluntad es que el sector atrajera hasta 200 millones si se sumaban nuevos operadores, pero ese importe ya coparía dos terceras partes de la ayuda disponible total.
Soler admite que incluso gobiernos autonómicos querrían poder acceder a estos fondos para invertir en sus centros deportivos, y lamenta que buena parte del sector se quede fuera del reparto. “Teníamos que definir las condiciones, y decidimos definir el criterio objetivo de la catalogación de los centros de alto rendimiento y de tecnificación”, afirma.
Para gestionar la distribución de las subvenciones y la recepción de peticiones, las administraciones crearán oficinas específicas, incluido el CSD. Será un procedimiento habitual en las instituciones públicas que cuenten con fondos extraordinarios Next Generation para distribuir, ya que también reforzarán sus equipos con personal adicional, desde funcionarios hasta técnicos, para abordar este reto.
¿A qué se destinarán las subvenciones?
De los 300 millones de la UE, 146,5 millones irán al plan de transición ecológica de las instalaciones, 75,6 millones al de digitalización, y 77,8 millones al plan social del sector. El primero está pensado para las entidades titulares de las instalaciones deportivas públicas, es decir, los ayuntamientos; las federaciones deportivas; las entidades locales y poblaciones rurales, y las instalaciones hoteleras públicas y privadas. El objetivo de este paquete es crear nuevas instalaciones de energías renovables para que sean eficientes, así como la digitalización.
El segundo plan supone principalmente en desarrollo de aplicaciones de software, está pensado para inyectar recursos en el CSD, la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, las comunidades autónomas y entidades locales, y las organizaciones deportivas entre las que se reconocen las federaciones y los centros públicos de medicina del deporte.
Por último, el plan social del sector tiene como objetivo de la inversión a las federaciones, clubes femeninos, entidades privadas y públicas y mujeres deportistas, así como titulares de instalaciones deportivas, esta vez sí, privadas y públicas. Sin embargo, en este plan no se incluirían los gimnasios, sino los complejos privados que realicen reformas sostenibles e inclusivas que ayuden a mejorar la visibilidad del deporte femenino y el desarrollo de proyectos de igualdad. Y, más allá de apoyar campañas de visibilización, también se busca renovar equipamientos con vistas a albergar grandes competiciones deportivas, como estadios y pabellones. De ahí que el sector del fitness tampoco se vea reflejado en este plan, aunque sí podría fomentar la inversión de los clubes de LaLiga y la ACB, entre otros.
