El sector del fitness plantea batalla ante las administraciones públicas por el cierre de gimnasios durante 2020 y 2021. Alrededor de 300 centros deportivos españoles, algunos bajo el paraguas de las principales cadenas de centros deportivos del país, han iniciado un recurso contencioso con el que aspiran a recibir una indemnización de hasta 76 millones de euros por cierre temporal de instalaciones, según ha podido saber 2Playbook.
El procedimiento empezó hace más de seis meses, cuando alrededor de 320 gimnasios interpusieron un recurso contencioso-administrativo a través de la patronal Fneid y el bufete de abogados Broseta para reclamar compensaciones a las administraciones autonómicas y al Gobierno central, como organismos responsables del cierre de los centros durante los dos estados de alarma.
Agotada la vía administrativa (de seis meses de duración), ahora se ha iniciado el recurso contencioso. Algunos gobiernos autonómicos han contestado al recurso y otras no, por lo que ahora el proceso llegará a la Audiencia Nacional. Al margen, dos comunidades autónomas han pedido prorrogar el plazo administrativo, que será respetado antes de acudir al contencioso. En cuanto al Gobierno catalán, tiene hasta el 18 de diciembre para agotar la vía administrativa, ya que la patronal catalana Adecaf presentó el recurso en junio, algo más tarde que Fneid. Ante el silencio administrativo, se activará la vía contenciosa.
Planteadas estas reclamaciones judiciales ante la Audiencia Nacional, desde Broseta estiman que, como pronto, se dictará sentencia dentro de un año. En función del fallo, los gimnasios recurrirán ante el Supremo, mientras que los clubes catalanes lo harán ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (Tsjc).
Todo ello, horas después de que el Tribunal Constitucional también tumbara parte del segundo decreto del estado de alarma aprobado por el Gobierno español para hacer frente a la crisis sanitaria. El hecho de que el Constitucional considere reprochable que dicho decreto supusiera una delegación de competencias a las comunidades autónomas, da forma a la tesis que defienden desde Broseta: “La responsabilidad es estatal porque estatal fue el diseño de la política de desescalada”, afirma a este medio Alberto Palomar, socio del bufete y abogado que está liderando este proceso.
Lo que está en discusión ahora mismo es si los gimnasios que han presentado el recurso tienen derecho a indemnización tras la declaración del estado de alarma, que supuso una limitación a los derechos de operadores y personas. “Esa es la cuestión que está sobre la mesa, y creemos que el Estado es responsable aunque haya delegado en las comunidades autónomas”, añade Palomar. Así lo entiende también el Constitucional, cuya sentencia es relevante a la hora de definir qué Administración deberá el pago de las indemnizaciones, en caso de haberlas.
Si la Audiencia Nacional da la razón a los gimnasios, es muy probable que sea el Gobierno central el que deba asumir el pago. En cualquier caso, es algo que deberá fallar la Audiencia Nacional o, de elevarse el caso, el Tribunal Supremo. No será una compensación de la que se beneficien todos los gimnasios, sino que recibirán las indemnizaciones aquellos que hayan presentado un recurso.
Fneid estima que los gimnasios españoles han dejado de facturar un 64% de su negocio en 2020, en torno a 1.500 millones de euros, por la pandemia. El cierre de gimnasios, las restricciones en aforos y el uso de mascarilla obligatorio ha provocado una merma económica, seguida de una lenta recuperación del número de clientes, lo que ha afectado de lleno al negocio de estos operadores, como también ha ocurrido en otros sectores.
Fneid y los sindicatos retoman las negociaciones para el nuevo convenio colectivo
Después de que en otoño de 2019 los sindicatos denunciaran el IV convenio colectivo para forzar la negociación de una subida salarial, y tras un año y medio de pandemia en el que no se han producido avances en las conversaciones, la mesa de negociación volverá a reunirse antes de que acabe el año. Será el primer encuentro desde que se celebró el 9 de marzo de 2020, días antes de la declaración del estado de alarma. Ahora mismo no existe un convenio colectivo en vigor en el sector del fitness.
Desde entonces, el día a día de Fneid y los sindicatos se ha centrado en atender a los empresarios y a los trabajadores. Por un lado, la patronal ha asesorado a los operadores durante la desescalada, gestionado la demanda a las administraciones públicas y dado apoyo a los gimnasios que desean solicitar apoyo económico procedente de los fondos europeos para invertir en sus centros. Por su parte, los sindicatos han estado pendientes de las negociaciones de los expedientes de regulación de empleo (EREs) que han podido darse en el sector.
Ahora, la voluntad de ambas partes es negociar un marco laboral de cero, aunque se evidencian una serie de artículos que centrarán buena parte de las conversaciones. Uno de ellos es la petición de subida salarial por parte de los trabajadores, que piden que las tablas salariales se actualicen para cumplir con el SMI y haya una diferenciación real entre el mínimo percibido por cada categoría profesional.
Esta reivindicación viene de 2019. Cuando se subió el SMI, tres categorías profesionales vieron como su mínimo salarial era idéntico. Desde los empresarios asumen que esta es una cuestión que debe tratarse, aunque admiten que “no será fácil dada la situación tras la pandemia”, en alusión al impacto económico de la crisis sanitaria.
