Ebone diversifica su negocio para batir su propio récord de ingresos. La compañía especializada en la prestación de servicios deportivos y socio-culturales a las administraciones públicas prevé facturar entre 15 millones y 16 millones de euros este año, según ha avanzado Javier Blanco, su director general, a 2Playbook. De cumplir este pronóstico, la empresa igualará o superará ligeramente los 15 millones de euros que ingresó el año pasado, que fue el mejor de su historia. Ebone facturó un 50% más que en 2021.

¿El motivo? Principalmente la rápida recuperación que experimentaron las licitaciones públicas que pusieron en marcha las administraciones ya en 2022. “Gracias a ello tuvimos un año de funcionamiento casi normal”, comenta Blanco. Ebone gestiona actualmente 140 contratos de prestación de servicios con 90 administraciones distintas. Para cumplir el objetivo presupuestario marcado, aspira a añadir algunos más a su cartera. El último concurso al que se ha presentado es en Abrera (Barcelona), donde pugnará con Barcelona Sport Management, EI L’Eina y Sportise Creative Solutions por un contrato valorado en más de 2 millones de euros.

Ebone, sin embargo, aspira a reducir su dependencia de la concurrencia de concursos públicos. Para lograrlo ha ido diversificando su cartera en los últimos años. Actualmente la compañía tiene cuatro líneas de negocio, además de la de prestación de servicios a las administraciones públicas, que complementan a su core business y le permiten compensar la reducción de licitaciones a las que presenten.

La empresa organiza eventos e imparte formación, pero también dispone de una marca de material deportivo propia, Ebonefit, y es la impulsora de Cubofit, marca de contenedores con equipamiento de entrenamiento outdoor. El auge que vivió el deporte outdoor durante e inmediatamente después de la pandemia contribuyó a la expansión de Cubofit, empresa nacida en 2018 y que fue adquirida por Ebone un año más tarde. La compañía vende a los ayuntamientos para su instalación en centros deportivos municipales y parques.

El crecimiento nacional e internacional de esta marca de gimnasios portátiles al aire libre es uno de los retos de la compañía, que acompaña el material que incluyen los contenedores de una planificación ejecutada por los entrenadores personales que los supervisan y dirigen. “Queremos seguir creciendo en licitaciones, pero hemos reforzado el equipo de proyectos para renovar y mejorar nuestra propuesta para estar preparados ante el actual escenario”, detalla Blanco.

La subida del SMI limita su capacidad para presentarse a concursos públicos

El directivo advierte de la incertidumbre provocada por la falta de un convenio colectivo actualizado que dé a las empresas y a las administraciones algunas certezas sobre cómo deben evolucionar los precios de los salarios de cara a los próximos años. El preacuerdo al que llegaron hace pocos días la patronal del fitness y los sindicatos acerca de las tablas salariales para 2023, 2024 y 2025, de hecho, arroja algo de luz a las empresas que trabajan directamente con la administraciones públicas.

“Al no tener un convenio actualizado, los ayuntamientos sacan licitaciones a cinco años con precios de hoy que no tienen en cuenta posibles subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)”, denuncia el director general de Ebone. La compañía es consciente que rebajar el volumen de concursos a los que se presenta “puede provocar una contracción del volumen de negocio de la empresa a medio plazo, pero es momento de ser prudentes; en lo que llevamos de año hemos licitado un 54% menos que en 2022”.

En los últimos meses, de hecho, ya ha renunciado a presentarse a la renovación de algunos contratos por “el cambio en las condiciones del SMI a medio contrato, lo que provoca que la Administración siga pagando lo mismo por un servicio que ahora te cuesta más caro”. El hecho de trabajar en comunidades que tienen un convenio autonómico por encima del estatal ha ayudado a la compañía, que ha notado más la subida del SMI en aquellas ubicaciones que se rigen por el convenio colectivo estatal de las instalaciones deportivas y los gimnasios.

Blanco, que también es presidente de la Asociación Española de Empresarios de Servicios Públicos a las Administraciones Públicas (Aeesdap), presenta dos matices sobre la negociación en curso. El primero, que una vez que patronales y sindicatos lleguen a un acuerdo definitivo, no apliquen las nuevas tablas con carácter retroactivo, a partir de enero. “En ese supuesto, no podríamos reclamar la diferencia a las administraciones, ya que esa subida no estaba contemplada en los contratos firmados”, anota. El segundo, desligar los contratos de prestación de servicios a las administraciones públicas del convenio estatal de instalaciones deportivas para poder tener su propio marco regulatorio. 

En el último año, la UTE formada por Ebone y Acciona se adjudicó la gestión de los servicios deportivos del Centro Deportivo Municipal madrileño Francisco Fernández Ochoa, un contrato valorado en 3,08 millones de euros. El pasado mes de enero, la misma unión temporal de empresas presentó un recurso contra la resolución de adjudicación del CDM Fuente del Berro Torrespaña a Sima Deporte y Ocio al considerar que se habían incumplido una serie de obligaciones y que el adjudicatario había presentado una oferta económica demasiado baja. Finalmente, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública desestimó el recurso y dio por válida la adjudicación.

“Detectamos que en los grandes contratos sólo se tienen en cuenta criterios objetivos, lo que propicia que surjan grandes guerras por precio que muchas veces priman la oferta más barata, lo que suele transformarse en un peor servicio. El precio no puede ser el criterio determinante”, lamenta Blanco.