Pliegos más flexibles y claros y agilidad burocrática. Estos conceptos podrían resumir las necesidades clave de los servicios deportivos públicos, un segmento de negocio clave en la industria. Los gimnasios públicos de gestión privada en España facturaron 700 millones de euros en 2024, un 7,7% más interanual, un dato que no tiene en cuenta los ingresos derivados de los contratos de prestación de servicios ni tampoco de los centros gestionados por la administración de forma directa.
Es un sector vital en de la industria de los gimnasios. De ahí que tanto empresas como administraciones busquen fortalecer lazos, impulsar el modelo de colaboración público-privada y mejorar el actual marco legal para evitar que nuevas licitaciones queden desiertas o directamente se anulen por defectos de forma. Sobre ello trató el evento organizado por Adecaff en el Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (Inefc).
Gabriel Domingo, director general Fundació Claror, definió la colaboración público-privada para la gestión de instalaciones deportivas como “uno de los mejores inventos para desarrollar políticas, ya que ofrece lo mejor de cada parte: la seguridad que aporta la parte pública y la calidad del servicio privado”. El grupo opera centros en toda Cataluña, principalmente en Barcelona, donde el Ayuntamiento mantiene un diálogo permanente con los gestores privados de centros municipales a través del Institut Barcelona Esport (IBE).
“La clave de la colaboración es que ambas partes ganen. Se ha demostrado que es un modelo diferencial, por lo que tenemos que favorecerlo, aunque resulte difícil incorporarla en el marco jurídico. Tendríamos que regularla con un convenio y no con una concesión”, aportó Susana Closa, gerente del IBE. Desde otra administración local, el Ayuntamiento de Salt (Girona), Maria Filip incidió en que el modelo “no se tiene que repensar, sino desarrollar”. La secretaria del consistorio incidió en la necesidad de “realizar un estatuto con herramientas más flexibles, no tan unilaterales”, ya que según su criterio “la Ley de Contratos Públicos hace incompatibles muchas necesidades de la colaboración público-privada”.
Natàlia Centella, abogada especializada en asesoramiento legal al sector público y privado en Área Pública, calificó como “esencial” la relación entre ambos ámbitos porque “se necesitan los unos a los otros”. Eso sí, advirtió que “existe una desconfianza mutua entre ambas partes que provoca que a menudo el vestido no encaje”. La experta en derecho puso el foco en los contratos de concesión de servicios. “Están muy encorsetados en su diseño, en trasladar el riesgo al operador, y en muchos casos no dan respuesta a las necesidades del mercado”, planteó.
“Las condiciones de hoy no son las mismas de hace veinte años, los contratos tienen que ser más claros, más concretos y tener previstas e identificadas todas las actuaciones necesarias. La administración tiene la obligación de ser más concreta en los pliegos, ¿pero se puede recoger esta flexibilidad en la Ley de Contratación?”, planteó Susana Closa. También Maria Filip, desde el Ayuntamiento de Salt, reconoció que “hay muchas concesiones que se adjudican a proyectos que terminan no siendo lo que se buscaba. Cuesta mucho definir qué servicio quieres”.
Más crítico al respecto de esta fórmula se postuló Benjamin Chasco, CEO de Áccura, que reivindicó reevaluar los ámbitos de actuación de las administraciones locales. “La colaboración es positiva, pero en nuestro sector y en este momento tenemos que empezar a valorar hasta dónde puede llegar esta relación. No es necesario que el sector público compita con el privado en aquellos lugares donde ya hay una necesidad cubierta por el mercado”.
El ejecutivo recordó que hace dos o tres décadas era un modelo necesario, dado que no había infraestructuras deportivas que entonces eran necesarias. “Antes el reto era construir un modelo de infraestructuras que no existía, ahora esto ya está superado. Ahora las concesiones no son a veinte años, sino a cinco. Necesitamos que los pliegos de condiciones sean más flexibles para ser capaces de adaptarse a las nuevas condiciones”. Chasco también recalcó la importancia de poner el foco en “la calidad del servicio, en lugar de la rentabilidad económica”.
Sobre las condiciones económicas también se refirió Gabriel Domingo, que coincidió que, más allá de la rentabilidad, los operadores deben poner en valor la esencia del servicio público: “No siempre es compatible prestar un servicio en un centro municipal por parte de un operador que tenga un interés especulativo. Hay fondos que tienen un deseo legítimo, ganar dinero con una concesión o venderla más tarde, pero hay que ver si esto entra en confrontación con los intereses del Ayuntamiento”.
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El director general de Claror también reclamó reducir la burocracia en los procesos de licitación. “En el caso de la prestación de servicios falta agilidad para hacer gestiones, cualquier trámite cuesta mucho. Todas las decisiones pasan por un circuito administrativo que lo ralentiza”. También habló de las condiciones económicas: “Si subimos salario, crece el SMI y reducimos jornadas, los contratos son cada vez menos atractivos porque el riesgo se multiplica”, añadió el director general de Claror.
La jornada empezó con una ponencia a cargo de Yago Monteoliva, gerente de la Asociación Española de Empresarios de Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas (Aeesdap), que abordó algunas de las problemáticas que se encuentran en los concursos públicos de servicios deportivos. Y aportó un dato clave: más del 67% de las licitaciones publicadas el año pasado vinculadas a instalaciones deportivas municipales podrían haber sido anuladas en el caso de que se hubiera planteado un recurso por defectos de forma. Monteoliva denunció el excesivo peso que tiene el factor precio en muchos pliegos. Además, advirtió que la reducción de la jornada laboral tendrá incidencia en los contratos en vigor.
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