La Generalitat de Catalunya suspende de manera temporal el uso del pasaporte Covid-19 para acceder a restaurantes, bares y gimnasios. Al menos, hasta el próximo lunes. El motivo es el colapso de la página web y aplicación La Meva Salut, imprescindible para descargar el certificado Covid que ha entrado en vigor a partir de la medianoche del jueves en este tipo de instalaciones.
Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (Tsjc) avalara la decisión del Gobierno catalán, el sistema ha colapsado, impidiendo a los ciudadanos descargar el certificado. Sólo el pasado jueves, la app registró 170.000 descargas de documentos Covid.
De ahí que el consejero de Salud, Josep Maria Argimon, haya confirmado que la imposibilidad de solventar los problemas técnicos haya hecho aconsejable prorrogar la obligatoriedad de presentar el certificado. La idea es que vuelva a estar en vigor el próximo lunes, por lo que durante este fin de semana se podrá acceder a centros deportivos, bares y gimnasios sin necesidad de presentar este pasaporte.
A lo largo del jueves, la Asociación de Empresas de Catalunya de Actividad Física (Adecaf) ha exigido no aplicar esta medida mientras no se haya pactado con los operadores de qué manera llevarla a cabo y con qué recursos económicos. “Hacen falta recursos, formación y tecnología para que la medida sea eficaz, y pedimos que estos recursos los pague el Govern”, ha explicado Adecaf a través de un comunicado. La asociación también ha calificado de “falta de respeto” que el Ejecutivo tome decisiones que “nos afectan sin tenernos en cuenta ni siquiera informarnos”.
Adecaf asegura que la pérdida de ingresos en el sector desde marzo de 2020 hasta agosto de 2021 asciende a 372 millones de euros debido a los cierres temporales y las restricciones a la actividad de los centros deportivos decretadas por la Generalitat para contener el avance del virus. A través de la patronal, se están están canalizando las demandas que hasta 33 empresas han presentado a la Generalitat, un proceso que finalizará en diciembre, y que los ha llevado a reclamar entre doce millones y quince millones de euros por compensaciones por los cierres durante el estado de alarma.
