Aeesdap vuelve a reclamar que los contratos públicos del sector deportivo puedan repercutir las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Ello, tras el anuncio del Gobierno español de elevarlo hasta los 1.080 euros en 2023. La patronal del sector de los servicios deportivos y de salvamento y socorrismo a las administraciones públicas advierte que la imposibilidad de subir los precios al mismo ritmo que suben los salarios es una “situación injusta” que no ofrece a las empresas de este segmento poder adaptarse al nuevo escenario.
“Es ridículo que se estén adjudicando licitaciones para 2023, 2024, 2025 e, incluso, 2026, tomando como base para el cálculo del precio un salario que ha cambiado, además con carácter retroactivo”, ha apuntado Yago Monteoliva, gerente de Aeesdap. “Más ridículo todavía es que la propia Administración no pueda calcular con un mínimo de certeza el precio de un contrato que vaya más allá de 2023. Todo esto se solucionaría volviendo a indexar el precio del contrato a un indicador válido”, añade.
La asociación de empresas que prestan servicios deportivos a las administraciones reclama a las administraciones que paralicen todas las licitaciones en marcha donde los cálculos de costes laborales no contemplen el nuevo SMI, que no ejecuten las prórrogas establecidas en los contratos si los cálculos en los que se basaron al hacer los presupuestos han quedado obsoletos y, además, que tengan en cuenta futuros incrementos de SMI a la hora de calcular los precios de licitación en futuros procesos licitatorios.
La subida del SMI prevista para este 2023 se suma a las registradas en los años anteriores. En 2018, estaba fijado en 735,9 euros. Esto significa que en cinco años ha crecido un 46,7%. La queja de Aeesdap se fundamenta en que, durante todo este periodo, las empresas de servicios deportivos han asumido el incremento anunciado del SMI, lo que ha repercutido en la rentabilidad de los contratos. ¿El motivo? La Administración ha seguido contratando estos servicios en contratos firmados con antelación a estos incrementos, a precios calculados con salarios de 2022, 2021 y 2020, hasta un 40% inferiores al actual.
“Lo más triste es que a lo largo de estos años en los que venimos viviendo esta situación, a Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Hacienda y Función Pública parece que les importe bien poco esta situación, que afecta sobre todo a las empresas más pequeñas y con menos capacidad para aguantar tan importantes desviaciones en el resultado”, denuncia Javier Blanco, presidente de Aeesdap.
La patronal insiste en que seguirá reclamando el derecho a revisar los precios en los contratos intensivos en personas y que actuará en todas aquellas licitaciones que no cumplan la normativa vigente en materia salarial para que en los contratos prime la calidad y no el precio en los contratos del sector deportivo.