El fútbol sala mueve ficha contra la reciente modificación del reglamento general de la Real Federación Española de Fútbol (Rfef). La Liga Nacional de Fútbol Sala (Lnfs) ha impugnado ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) este cambio, que considera “anticonstitucional”, según señala en un comunicado.
Se trata de un punto del reglamento general en el que la Rfef se reconoce como “la representación exclusiva en la defensa de los intereses colectivos de los clubes de fútbol afiliados en la Rfef cuando estos guarden relación con las competiciones de fútbol no profesional y las actividades del fútbol en general, incluyendo las de naturaleza colectivo laboral ante las administraciones públicas, las entidades deportivas de ámbito nacional o internacional, sindicatos y cualquier otra entidad cuando la actuación se enmarque en la defensa y gestión de los intereses colectivos”.
Según la Lnfs, esto “vulnera el derecho constitucional de los clubes a la libre asociación”. La asociación mayoritaria de los clubes de élite del futsal español califica las modificaciones como “unilaterales, arbitrarias y carentes de toda justificación”.
“La extralimitación de las funciones que la Rfef tiene encomendadas y la vulneración de las leyes son evidentes, ya que se arroga la condición de representante exclusivo y excluyente de los clubes, cercenando a estos su libre capacidad de elección y dejando patente la requerida condición de imparcialidad”, apunta la Lnfs.
Y agrega: “Es obvio que la Rfef no es una empresa, ni tiene legitimación para intervenir en nombre y representación de los clubes en ninguna comisión negociadora al no estar legitimada constitucional ni legalmente para ello, vulnerando el derecho a la negociación colectiva de los clubes, interfiriendo también en la libertad de empresa de estos.
Esta impugnación no es la primera que recibe la federación que preside Luis Rubiales esta semana. Previamente, la patronal de los clubes del fútbol no profesional, ProLiga, ha hecho lo propio, y a su denuncia al CSD añadirá su protesta al Defensor del Pueblo, Ministerio de Trabajo, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, así como a los Grupos Parlamentarios.
