Cae, en un par de grados, la tensión en el fútbol femenino de élite por la huelga arbitral. La Liga F y la Real Federación Española de Fútbol (Rfef) se reunieron este lunes con el Consejo Superior de Deportes (CSD) para abordar esta situación, que obligó a aplazar el estreno de la nueva competición, la primera con estatus de profesional en el deporte femenino español.
En esta primera toma de contacto entre las partes tras el cruce de comunicados acusatorios, y con la mediación del CSD, la situación es la siguiente: el colectivo arbitral, apoyado por la Rfef, reclama 50.000 euros anuales de salario bruto (gastos de viaje o material van aparte) para la árbitra principal, mientras que la Liga F elevó su oferta hasta los 25.000 euros, con el compromiso de aumentar la cifra de forma gradual en las próximas temporadas. Antes, su propuesta era de 3.300 euros por partido para el trío arbitral.
La cantidad es “una sexta parte de lo que cobra un árbitro de Primera División masculina (300.000 euros)”, apuntaba ayer en rueda de prensa Guadalupe Porras, asistente en LaLiga Santander y que esta semana se estrenará en la Champions League. Las colegiadas, además, han querido insistir en su independencia respecto a la Rfef en esta reclamación.
Esta mañana se volverán a reunir las partes con el objetivo de poder desencallar la situación antes de la segunda jornada, prevista para este mismo fin de semana. “Quiero pensar y así espero y deseo que se pueda llegar a un acuerdo y pueda celebrarse la segunda jornada por respeto al fútbol femenino”, apuntaba anoche Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F.
