LaLiga no sólo no deberá pagar a la Real Federación Española de Fútbol (Rfef) por jugar en viernes y lunes. La gestora del fútbol profesional ha anunciado que reclamará una indemnización de en torno a 25 millones de euros al regulador, después de que la Audiencia Provincial de Madrid le haya dado la razón en su pulso por las competencias sobre la fijación de horarios.

La sentencia estima en parte el recurso del ente presidido por Javier Tebas contra la sentencia que dictó el Juzgado de lo Mercantil número 10 de Madrid en agosto de 2019, declarando que podría haber fútbol los viernes, pero no los lunes. Ahí se cifraba en 15 millones el importe a pagar por acceder a esa opción.

Por el contrario, la Audiencia Provincial considera que las conductas de al Federación “integran un acto de competencia desleal” y le insta a “cesar en las referidas conductas”. En concreto, se refiere a las comunicaciones instando a LaLiga a no programar partidos en viernes sin recibir antes su autorización, así como emitir “propuestas exigiendo una determinada cifra a cambio de tal autorización, estableciendo franjas horarias y una restricción del número de partidos programables en los mencionados días de la semana”.

Entre los argumentos del juez, está que “la función de coordinación responde a la necesidad de armonizar y otorgar coherencia a la actividad a la que se refiere”, pero no como “potestad abstracta de autorizar o prohibir, o de vetar, las decisiones adoptadas en el ámbito de sus propias competencias por el ente cuya actuación se sujeta a ella”. Además, añade, la Ley del Deporte arroga a la Rfef la labor de coordinar, no de “autorizar o prohibir” las decisiones de LaLiga “en el ámbito de la organización de aquellos campeonatos, que es de su competencia”.

Con estos argumentos, y una vez se declare la firmeza de la resolución, se presentará la demanda basada en lo ya avalado por el juez, y es que se produjo “un acto de competencia desleal”. Un movimiento que impidió a LaLiga mantener una escaleta de franjas horarias para todos sus partidos que impedía el solapamiento entre ellos y, por ende, permitía una mayor explotación publicitaria.

En su comunicado, LaLiga considera que la Audiencia avala su tesis de que “la actuación de la Rfef constituye una pura medida de presión, bajo la cobertura formal de las funciones coordinadoras que la norma le atribuye, para la obtención de un beneficio económico y una actualización obstaculizadora de la actividad de LaLiga en el ámbito de sus competencias”.