LaLiga pone en el mercado el resto de grandes lotes de derechos de televisión en España. La gestora del fútbol profesional ha activado la venta de las retransmisiones de Segunda División para la televisión de pago y la emisión del partido en abierto de Primera y Segunda, así como el canal horeca, con las mismas críticas que habitualmente viene formulando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. La principal, que se restringe la puja por la exclusiva de la categoría de plata a las plataformas por suscripción.
Es una decisión que la competición presidida por Javier Tebas ya mantuvo en el anterior ciclo, lo que le permitió vender estos derechos a Telefónica por 35 millones de euros anuales. Es una cifra imposible de ofertar por una cadena en abierto, pero el regulador le insiste en “eliminar la discriminación entre operador”. Tras la libertad que introdujeron los Pactos de Viana en cuanto a temporalidad, el informe también pide que no se promueva licitar por cuatro o cinco años y se mantenga el tope de tres temporadas.
En total, el concurso que se inicia ronda los 170 millones de euros, que en las oficinas de Torrelaguna confían en mantener como consiguieron con los derechos de Primera División. A los 35 millones de Segunda hay que añadir los aproximadamente 120 millones que acordó pagar Mediapro por la distribución en establecimientos públicos –cifra rebajada por la pandemia– y los 15 millones más por el encuentro de Primera en abierto.
El plazo más amplio de explotación de los derechos podría ayudar a ese objetivo de no ver reducido el valor de las retransmisiones que ahora salen al mercado. Eso sí, desde el último tender, LaLiga introdujo varios criterios subjetivos más vinculados a la idoneidad de las plataformas por precio de suscripción o tecnología que usa, por lo que la Cnmc pide “fijar criterios objetivos para la valoración de los requisitos a la hora de adjudicar los lotes, limitando la discrecionalidad de La Liga”.
Por último, y como ya es norma en los concursos de la competición o la Real Federación Española de Fútbol (Rfef), el regulador pide “no imponer obligaciones relativas a la publicidad que no se encuentran amparadas por la norma y que resultan injustificadas y contrarias al principio de libertad de empresa”.
En cuanto al concurso para adjudicar las retransmisiones en Asia, el informe no vinculante pide “revisar el papel” de Mediapro, que desde 2015 actúa como agente comercializador de los derechos internacionales. En su opinión, ese acuerdo podría ser “opuesto al principio de igualdad de trato en el supuesto de que Mediapro o alguna de sus empresas vinculadas se presentaran a la licitación, pudiéndose plantear un conflicto de intereses”.
Este concurso sigue al cerrado en diciembre, cuando LaLiga consiguió mantener el valor de las retransmisiones de Primera División en un entorno recesivo para las propiedades deportivas. En total, se pasará de 980 millones a 990 millones por temporada entre 2022-2023 y 2026-2027, un ligero incremento respecto a lo acordado con Telefónica en el anterior ciclo.
El grueso de la factura la continuará pagando la teleco, que acordó pagar 580 millones de euros por un lote de cinco partidos por jornada y tres jornadas completas en exclusiva. Más adelante, pactó con Dazn pagar 280 millones adicionales por incluir en su oferta los otros cinco encuentros de cada fin de semana en régimen de no exclusiva.