La Ligue de Football Professionnel (LFP) está un paso más cerca de emular a la Serie A. La Asamblea Nacional de Francia aprobó este viernes una reforma de la Ley del Deporte muy centrada en la gobernanza de las federaciones, pero también enfocada a lanzar un balón de oxígeno a los clubes de fútbol.

La gestora de la Ligue-1 y la Ligue-2 podrá traspasar su negocio audiovisual a una mercantil, a la que podría incorporar nuevos inversores que inyecten recursos al proyecto. Eso, siempre y cuando el Senado acabe de ratificar la propuesta de ley promovida por La República en Marcha (LRM), el partido de Emmanuel Macron.

Para posibilitar esta fórmula de explotación, la nueva Ley del Deporte incluirá la opción de que los derechos audiovisuales y comerciales de una liga profesional puedan traspasarse a una sociedad cooperativa de interés colectivo.

El nuevo texto también quiere dar mayor seguridad a los operadores audiovisuales, de modo que se refuerza la lucha contra la piratería. En concreto, permitirá que los titulares de los derechos de televisión puedan acudir a un “procedimiento acelerado de fondo o en procedimiento sumario, a los efectos de obtener todas las medidas proporcionadas capaces de prevenir o poner fin a esta infracción, contra cualquier persona responsable de ayudar a remediarlo”.

Entre las medidas que la Justicia podrá adoptar rápidamente están el “bloqueo, retirada o supresión de emisión, capacidad de impedir el acceso desde territorio francés a cualquier servicio de comunicación pública online identificado o no identificado en la fecha de dicha ordenanza que difunda ilegalmente la competición o evento deportivo, o de las que el principal objetivo o uno de los principales objetivos es la difusión no autorizada de competiciones o eventos deportivos”, según el texto aprobado el viernes.

En cuanto a la gobernanza de las federaciones, se ha fijado que la asamblea general deberá ser avalada por al menos el 50% del censo electoral a partir de 2024, pues será este organismo el que deberá decidir quién es el presidente y los miembros del comité ejecutivo. En este sentido, el número de mandatos ejercidos por una misma persona no podrá ser superior a tres.