Real Madrid, FC Barcelona y Athletic Club deberán llevar su pulso con LaLiga y los 38 clubes del fútbol profesional a la justicia ordinaria. El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, ha defendido que el Gobierno no puede impedir la aprobación del acuerdo alcanzado por la gestora del fútbol profesional con CVC, conocido como LaLiga Impulso.
Este contrato se someterá a la votación por parte de los clubes de la competición española este viernes 10 de diciembre, algo que querían evitar a toda costa estos tres equipos, que consideran que es “flagrantemente ilegal”. En una nueva carta, y pese a que todos los equipos han decidido sumarse al plan, insisten en que “perjudica gravemente los intereses de todo el fútbol español”.
Pese a ello, Franco ha defendido que el CSD no tiene atribuidas legalmente competencias administrativas de control ni de tutela sobre la actuación de las ligas profesionales y los acuerdos adoptados por las mismas. Además, ha añadido que “tampoco nos encontramos con legitimación legal expresa de la Administración Pública para ejercitar acciones en defensa abstracta de la legalidad”, tras recibir un informe de la Abogacía del Estado que le impide actuar.
Estas declaraciones se han producido después de que se suspendiera este jueves la reunión de urgencia convocada por el CSD, para mediar entre LaLiga y los defensores del Proyecto Sostenible, liderados por Florentino Pérez, y la Real Federación Española de Fútbol (Rfef), presidida por Luis Rubiales. El motivo de la cancelación la cita ha sido el plantón dado por Barcelona, Real Madrid y Athletic Club al saber que no habría intervención gubernamental.
En un comunicado posterior para justificar su ausencia, han argumentado que no acudirán a ninguna negociación mientras el CSD “haya tenido la ocasión de valorar adecuadamente las flagrantes irregularidades del Proyecto La Liga Impulso y confirme que tiene potestad para actuar en el ejercicio de sus funciones de supervisión”.
Sin embargo, el presidente del CSD ha explicado que, en este caso, las autoridades competentes para mediar en este conflicto y tomar las determinaciones pertinentes serán los jueces y tribunales del orden jurisdiccional civil. También ha hecho hincapié en que, en materia de comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional, el organismo tiene voz, pero no podrá ejercer en ningún caso el derecho de veto.
A pesar de ello, el CSD ha puntualizado a través de un comunicado que “como beneficiario por el reparto de los ingresos obtenidos, el organismo tendría la consideración de interesado y por tanto estaría legitimado para realizar las actuaciones y ejercitar las acciones pertinentes en defensa de sus derechos, como acreedor, si resultase perjudicado por el acuerdo entre la LaLiga y CVC”.
LaLiga aprobó el pasado agosto el proyecto LaLiga Impulso, fruto del acuerdo alcanzado con el fondo británico CVC Capital Partners, para inyectar en torno a 2.700 millones de euros a cambio de una participación del 10,95% en el negocio comercial y audiovisual durante los próximos 50 años. Real Madrid, Barcelona y Athletic mostraron su negativa a suscribirlo, lo que ha obligado a modificar el proyecto original y rebajar la inyección a 1.994 millones de euros.
La Rfef también se opone al Proyecto Sostenible
El proyecto encabezado por Florentino tampoco cuenta con el visto bueno de la Rfef. El organismo ya mostró su rechazo el pasado mes de agosto cuando se dieron a conocer las intenciones del Real Madrid, Barcelona y Athletic, junto a otros nueve clubes europeos. Tras la petición de una mediación de los clubes y de la Rfef al CSD, Franco había optado por reunir este jueves a todos los implicados.
El Proyecto Sostenible supone la firma de contrato que tendría una duración de 25 años y que no involucra el control de los derechos audiovisuales. Además, la valoración que hace Real Madrid, Barcelona y Athletic de la competición es superior al análisis que llevó a cabo el fondo CVC.