“Seguimos negociando con la Agencia Tributaria para que nos den un plazo razonable para pagar”, admitía semanas atrás Fernando Galindo, presidente de Movistar Estudiantes. Esa es su principal preocupación toda vez que el club ha descendido a LEB Oro, pero también la de muchos de sus rivales que aún hoy arrastran la mochila de la gestión del pasado. Y es que Hacienda no perdona, como demuestra que las deudas tributarias se recortaron un 12,8% interanual en 2019-2020, hasta 21 millones de euros.
Es el cuarto año consecutivo en el que se reducen los compromisos con el Fisco y “la cifra más baja del periodo analizado”, según el informe elaborado por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y al que ha tenido acceso 2Playbook. Además, es una tendencia generalizada, pues prácticamente todos los equipos participantes redujeron sus pasivos tributarios “salvo tres que han incrementado ligeramente sus deudas corrientes”.
De hecho, a esa deuda casi tiene nombre y apellidos. El Estu aún tiene que cancelar unos 4,7 millones de euros, mientras que el Joventut de Badalona tiene pendientes 2,3 millones que espera liquidar con la venta de unos terrenos. Un tercio de este tipo de deuda (7,8 millones) está relacionada con Haciendas Forales, por lo que corresponde a los pagos corrientes que pudiera tener TD Systems Baskonia y Gipuzkoa Basket, pero sobre todo a Bilbao Basket, que logró ampliar a seis años el calendario de pagos.
Pese al esfuerzo realizado por los clubes por reducir su apalancamiento para liberar recursos y destinarlos a nuevas inversiones, la deuda total de los militantes de ACB en 2019-2020 subió un 9,1% interanual, hasta 96,7 millones de euros; aun así, es una cifra por debajo de los 100 millones que se rebasaron en los ejercicios anteriores.
“Gran parte de este incremento se ha debido a que los clubes que ascendieron a la competición tenían mayor volumen de endeudamiento que los que descendieron”, matiza el CSD, en referencia al impacto del relevo que tomaron Bilbao Basket y Real Betis a CB Breogán y Gipuzkoa Basket.
Este cambio de identidad entre los participantes también explica fundamentalmente la reducción del 3% del importe relativos a los compromisos bancarios, hasta 19,15 millones de euros. Es más, el CSD asegura que este impacto neutraliza “el incremento de estas deudas que se han dado en otros clubes de la categoría durante el ejercicio”, en el que la mayoría recurrió a préstamos avalados por el ICO para proteger la tesorería ante el parón de las competiciones y el cierre de estadios.
Lo que sí se incrementaron fueron los compromisos pendientes de pago con proveedores, acreedores comerciales, clubes y trabajadores, en muchos casos porque las retribuciones se trasladaron una vez cerrado el ejercicio fiscal el 30 de junio. Todavía hoy, los clubes reclaman ayudas para compensar las consecuencias que ha tenido la Covid-19 en su negocio. En total, estas deudas que el CSD califica como privadas, se incrementaron un 8,7% en comparación con 2018-2019, hasta 43,19 millones de euros.
La menor mochila con la Administración y el crecimiento de ingresos experimentado por los equipos también ha permitido rebajar el servicio de la deuda, que en 2015-2016 alcanzó máximos con 6,6 millones de euros. Al cierre de 2019-2020, los costes financieros se situaron en 2,2 millones, sólo un 1,4% más que el curso anterior. Además, destaca el informe, “el endeudamiento a corto plazo se ha reducido hasta alcanzar la cifra más baja de las últimas trece temporadas”.
Esta mejora ha sido por la generación propia de recursos y, en algunos casos, por el fuerte compromiso de los inversores. La familia Roig inyectó 16,4 millones en el Valencia Basket durante el último año para afianzar su sostenibilidad económica y deportiva, mientras que La Penya captó 3,7 millones del fondo Scranton para idéntico objetivo. Barça, Madrid, Betis e, indirectamente Baskonia, pudieron apoyarse en los recursos que genera el fútbol para no recurrir a la financiación externa.