El Circuito de Barcelona-Catalunya está viviendo uno de sus años más extraños. Este verano se ha relevado a las dos principales figuras ejecutivas sin que haya habido unas elecciones autonómicas de por medio, a lo que hay que añadir la gestión de las consecuencias del Covid-19. Paradójicamente, la disputa a puerta cerrada de las carreras de Fórmula 1 y MotoGP permitirán al trazado mejorar notablemente, sus resultados económicos, pero sólo será un espejismo. Las pérdidas anuales de la gestora son estructurales, pero la anterior dirección dejó elaborado un plan que podría rebajar ostensiblemente ese agujero gracias a las exenciones fiscales aprobadas por el Gobierno.

“Es una cuestión que se vino trabajando durante varios meses, y finalmente se consiguió pensando en el futuro y como aliciente para que Liberty Media apueste por la renovación”, explican fuentes conocedoras de las negociaciones. Y la razón no es otra que, utilizando este mecanismo, los patrocinadores que decidan apoyar al Gran Premio de España podrían obtener una deducción de hasta el 90% de la aportación que realicen. “No hay mejor argumento de venta, y esto los americanos lo han entendido muy bien; pueden quedarse el 50% de 1 o el 100% de 0”, sostienen personas al corriente del proyecto.

Esta expresión se refiere a lo estipulado en los contratos de la Fórmula 1 con los promotores, en los que el circuito paga 25 millones de dólares (21 millones de euros) por los derechos sede del acontecimiento y sólo puede participar de los ingresos por patrocinio que generen ellos directamente. Dicho de otro modo, la empresa controlada por la Generalitat de Catalunya no vio un solo euro del acuerdo por el que Emirates dio nombre a la carrera de 2019 o la saudí Aramco este 2020. “Hay que conseguir que vuelva a haber un Telefónica, como sucedió entre 2006 y 2010”, sostienen. En 2011 y 2012, el testigo fue asumido por Banco Santander.

Entonces ayudaba el fenómeno Fernando Alonso, que convirtió al Mundial en uno de los espectáculos deportivos más seguidos en España y llevó al Circuito de Barcelona a récords de asistencia que no han vuelto a verse. Ahora, el cambio fiscal vuelve a coincidir con el regreso del piloto asturiano a Renault y el fichaje de Carlos Sainz Jr por Ferrari, un elemento que puede llamar la atención de las marcas nacionales y pueden ser el auténtico salvavidas del trazado catalán.

El Circuito de Barcelona paga 21 millones de euros al año por la F-1 y unos 5 millones por MotoGP

El borrador que se encontrarán sobre la mesa, según las fuentes consultadas, propone usar la Fundació Catalana per a l’Esport, una entidad privada sin ánimo de lucro que se creó en 2002 para promover el deporte catalán. En su patronato ya están la Generalitat y compañías como Repsol, Endesa y Fiatc, a las que habría que añadir representación del Estado y Liberty Media para dar forma a la iniciativa. Es la única manera de hacerlo viable, pues representantes de Hacienda deben fiscalizar que el uso del dinero es el acordado para beneficiarse de las exenciones y fiscales y la multinacional norteamericana podría supervisar de cerca la gestión de los acuerdos que recibirían este trato durante tres años.

Hoy no existe una tasación clara de cuánto podría valer este patrocinio principal, si bien los gestores de esta idea consideran que sumar a numerosos patrocinadores locales ayudaría a atajar unas pérdidas que han rondado los 8,5 millones de euros de media al año durante la última década. De hecho, prácticamente sería una nueva fuente de ingresos sólida, pues hoy la recuperación directa del canon que pagan a Liberty por F-1 y Dorna Sports por MotoGP depende de la venta de entradas (14,4 millones de euros en 2018) y las cuotas de los socios (654.319 euros).

Este modelo hacer ser optimistas a los profesionales de la industria sobre la continuidad de la Fórmula 1 en Cataluña durante al menos cuatro años más, especialmente después de la solvencia que ha demostrado durante la pandemia para poder acoger sin problemas el Gran Premio de España. “Les ha valido para demostrar compromiso, pero también para ahorrarse el canon de 20 millones de euros e incluso cobrar una compensación de un millón”, explican en el sector. Dorna tampoco le ha cobrado la factura de aproximadamente cinco millones de euros.

Esta es la razón por la que es muy probable que el año se cierre en beneficios, ya que los gastos directos asociados a las dos grandes citas siempre han sido superiores a los ingresos. Para 2020, de hecho, se anticipaba volver a cerrar con unos números rojos de cinco millones de euros si no se lograban desbloquear nuevas fuentes de ingresos. Como es habitual, se mantenía una subvención de la Generalitat, en este caso de 14,7 millones de euros, y otros 2,9 millones de ayudas públicas procedentes de la Diputación y el Ayuntamiento de Barcelona.

La Generalitat paga unos 14,7 millones de euros de subvención, por los 2,9 millones de Diputación y Ayuntamiento

El consistorio dirigido por Ada Colau aceptó renovar en 2017 su acuerdo con el trazado, pero con una rebaja progresiva desde tres millones ese año a 1,5 millones de euros en 2019. En 2020 ha aportado sólo medio millón de euros por la ausencia de espectadores, y oficiosamente se había acordado continuar más allá de 2021 pero con ligeras rebajas graduales respecto a esos 1,5 millones de euros. En el caso del ente provincial, su aportación de cerca de un millón de euros se ha mantenido estable.

Y aquí, nuevamente surgen los problemas. La negativa de la Generalitat a firmar las cuentas anuales de 2019 disconforme con la gestión de la última etapa pone en peligro este dinero ya cobrado. “Si no se puede justificar que ese dinero se ha usado para lo que se entregó, habrá que devolverlo”, advierten sobre el desgaste económico que tendría la pelea política. Sin ir más lejos, la consejera de Empresa y gran valedora de Teixidor, Àngels Chacón, ha sido cesada por su decisión de continuar afiliada al Pdecat y no sumarse a nuevo proyecto político de Carles Puigdmemont.

Una inestabilidad que también puede alterar la ambición del Ejecutivo catalán de que haya una mayor implicación del sector privado en el futuro de esta infraestructura. A principios de 2019 se contrató a Kpmg para explorar fórmulas societarias que permitieran dar entrada en la gestión a instituciones como Fira de Barcelona, Turismo de Barcelona, Cámara de Comercio e incluso el propio Estado. Sin embargo, poco se ha avanzado en este sentido y hoy la titularidad continúa siendo de la Generalitat (76,38%), el Racc (15,75%) y el Ayuntamiento de Montmeló (7,87%). En juego, un impacto económico de más de 300 millones de euros anuales en Cataluña.