Real Madrid, Athletic Club y FC Barcelona acudirán a los tribunales. Los tres clubes han anunciado que inician el ejercicio de acciones legales contra la operación de LaLiga Impulso, por el que CVC inyectará 1.994 millones de euros en los 37 equipos que votaron a favor en la asamblea extraordinaria del pasado 10 de diciembre. Se desconoce ante qué instancia judicial se ha presentado la primera demanda.

En opinión de los clubes, se trata de “una transacción ilegal que causa un perjuicio irreparable a todo el sector del fútbol español y que vulnera de forma flagrante los principios más elementales del derecho deportivo español y los propios estatutos de LaLiga”.

Este movimiento era esperado por parte de LaLiga y el resto de clubes, aunque en algunos dirigentes presentes en la asamblea ha sorprendido el gesto del Barça. Su director de fútbol, Mateu Alemany, aseguró en la asamblea del pasado viernes que el “no” blaugrana se debía a cuestiones económicas y no legales; de hecho, había dejado entrever que no recurrirían ante los tribunales.

De hecho, en los últimos días había vuelto a trascender que se habían acercado a CVC para buscar un acuerdo específico para los blaugranas. Esta opción, sin embargo, no ha estado sobre la mesa en ningún momento, pues tanto el fondo como LaLiga consideran que todos los clubes deben entrar en las mismas condiciones.

Desde la gestora del fútbol profesional siempre se ha defendido que cuentan “con todos los informes legales favorables, confirmando el máximo cumplimiento del ordenamiento jurídico en todas las dimensiones de LaLiga Impulso”. En este aspecto, el proyecto ha tenido el asesoramiento de Uría Menéndez por parte de LaLiga y Latham & Watkins por parte de CVC.

Asimismo, la asociación aseguró en verano que “con estas actuaciones, los dirigentes del Real Madrid sólo pretenden evitar que los clubes del fútbol profesional se pronuncien sobre el acuerdo con CVC Capital Partners, a través de métodos coactivos y amenazantes”.

El CSD dio vía libre al acuerdo

En vísperas de la firma del acuerdo, y tras solicitar que tomara partido en el conflicto, el Consejo Superior de Deportes (CSD) defendió ante la terna de opositores que el organismo no tiene atribuidas legalmente competencias administrativas de control ni de tutela sobre la actuación de las ligas profesionales y los acuerdos adoptados por las mismas.

Además, añadió que “tampoco nos encontramos con legitimación legal expresa de la Administración Pública para ejercitar acciones en defensa abstracta de la legalidad”, tras recibir un informe de la Abogacía del Estado que le impedía actuar.

Estas declaraciones se produjeron poco después de que, el pasado jueves, se suspendiera la reunión de urgencia convocada por el CSD, para mediar entre LaLiga y los defensores del Proyecto Sostenible, liderados por Florentino Pérez, y la Real Federación Española de Fútbol (Rfef), presidida por Luis Rubiales. El motivo de la cancelación la cita fue el plantón dado por Barcelona, Real Madrid y Athletic Club al saber que no habría intervención gubernamental.

Entonces, el CSD puntualizó a los clubes que las autoridades competentes para mediar en este conflicto y tomar las determinaciones pertinentes serían los jueces y tribunales del orden jurisdiccional civil.