La presidencia de Joan Laporta vuelve a experimentar una contrarreloj en términos económicos, y de nuevo a cuenta de los avales. Su decisión de cargar importantes pérdidas al último año de mandato de Josep Maria Bartomeu se le ha acabado girando contra al dirigente, pues LaLiga requirió hace unas semanas al Consejo Superior de Deportes (CSD) que realice una auditoría, aunque está por ver si eso impactará en cómo determinar a quién corresponden ciertas pérdidas.
Si se decide que las provisiones y depreciaciones de futbolistas debe asumirlas Laporta, el nuevo aval será superior a los 200 millones y podría alcanzar hasta 380 millones de euros. En cualquier caso, es una decisión que corresponderá a LaLiga, que con este movimiento trataba de reforzar
De entrada, la gestora del fútbol profesional ha requerido a la junta directiva que sustituya el aval anterior de 124,65 millones de euros por uno nuevo por el mismo importe hasta el 17 de enero de 2022. “En caso de no realizarse la extensión del aval antes del 29 de noviembre se determinará la ejecución del actual”, advierte la asociación que preside Javier Tebas, en respuesta a la información adelantada por La Vanguardia. Ese importe iría a parar a las arcas del Barça como ingreso extraordinario.
El nuevo plazo equivale a los tres meses desde que la asamblea de compromisarios aprobó la liquidación del ejercicio 2020-2021, que es donde se concentra la polémica sobre quién debe asumir el coste de determinadas decisiones adoptadas tras las elecciones. Esta moratoria hasta definir el importe del nuevo aval ha sido solicitada por LaLiga para que la nueva auditoría “pueda realizarse sin menoscabo de las obligaciones de LaLiga”.
Laporta ya era conocedor de los riesgos que asumía su junta con ese cierre contable antes de la asamblea de compromisarios, no sólo porque ya le sucedió algo similar con su anterior mandato, sino porque LaLiga ya solicitó al CSD el pasado 6 de octubre que se procediera a realizar “una auditoría extraordinaria que permitiera realizar una correcta cuantificación del aval, facultad prevista en la Disposición Adicional Séptima de la Ley del Deporte y que LaLiga ha ejercitado en anteriores ocasiones, siempre que ha resultado necesario”, según explica la patronal en un comunicado. Ello, tras la ausencia de respuesta del club a dos requerimientos de más información por parte de la competición.
Desde las oficinas de Torrelaguna 60 han rechazado cifrar el importe del aval que consideran que debe asumir la actual junta directiva, tras su propia investigación y las conclusiones aportadas por “diversos informes jurídicos y financieros” que se solicitaron para este fin.
No obstante, en una nota remitida a los clubes semanas atrás, Tebas ya advertía que el 60% de los números rojos del club en el último ejercicio eran atribuibles al “deterioro de valor de mercado de la plantilla, así como por provisiones atípicas”, que suman 263 millones de euros.
Dicho de otro modo, Laporta podría verse en la obligación de tener que presentar un aval de 380 millones de euros si la organización considera que esas pérdidas de 263 millones corresponden a su junta y no a la de Bartomeu. En este sentido, es importante señalar que EY jamás instó a realizar esa corrección de balance, y en su informe de auditoría ya calificó de “elevado grado de juicio” la dotación de casi 90 millones para posibles litigios.
Quien sí sabe el importe del aval solicitado es Laporta, pues así se le ha comunicado desde LaLiga. No obstante, la patronal “considera que existe la necesidad de un ulterior análisis de una serie de ajustes que permitan determinar de forma definitiva su impacto en el resultado del ejercicio en el que la actual Junta Directiva se hizo cargo del FC Barcelona”.
El margen temporal extra solicitado por LaLiga también podría ayudar a Laporta, pues esos tres meses extra podrían bastar para que el Gobierno modifique la Ley del Deporte vía Real Decreto-Ley o a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
De este modo, podría adelantarse la reforma de la regulación actual de los avales, que establece que una junta debe avalar el 15% del presupuesto de gasto, aumentado con las pérdidas de ejercicios anteriores si las hay o aminorado con las ganancias que se obtengan durante el mandato.
“Se está trabajando en un nuevo formato porque la modificación es necesaria, pero lo que no va a ser es un aval del 0%; tiene que existir una garantía. Otra cosa es si va por franjas, cantidades o tramos”, explicó semanas atrás a 2Playbook el director general del Consejo Superior de Deportes (CSD), Albert Soler. Es decir, que el aval podría establecerse sobre un importe mínimo o un porcentaje fijo del presupuesto del gasto que varíe en función de la dimensión económica del equipo.
La propuesta de los actuales dirigentes del Barça es radical, pues piden eliminar directamente la obligación de avalar, pero el Gobierno trabaja con una horquilla que oscilaría entre el 2% y el 15% del presupuesto de gasto, o un importe mínimo. En cualquier caso, esto debería recogerse en los estatutos de cada equipo, por lo que la junta necesitaría de una asamblea extraordinaria para resolverlo.
