La Justicia centra su investigación por el Barçagate en la plana mayor de la junta directiva de Josep María Bartomeu y el FC Barcelona como entidad no quedará imputada por ello, según ha informado la Cope. La investigación se centrará en la junta directiva anterior, con el expresidente al frente.

El Juez que investiga el caso ha dejado este martes en libertad provisional con cargos a Bartomeu y a su mano derecha, Jaume Masferrer, que han pasado la noche en dependencias policiales, a diferencia del director general Òscar Grau y el responsable de los servicios jurídicos, Román Gómez Pontí, que fueron puestos en libertad ayer. Todos ellos fueron detenidos ayer en el marco de la investigación del Barçagate. Tanto Bartomeu como Masferrer han sido puestos en libertad tras acogerse a su derecho de no declarar.

Los Mossos d’Esquadra acudieron ayer por mañana a las oficinas del FC Barcelona para efectuar una serie de registros por presuntos delitos de administración desleal y corrupción entre particulares. Por administración desleal al considerar que el Barça había pagado más de lo que debía por los contratos a la empresa externa, I3 Ventures; por corrupción de particulares, porque se consideraba que parte del sobrecoste que se había pagado habría servido para el que algunos directivos se lucraran.

Todo ello podría haber causado un perjuicio al patrimonio del club, ya que se habrían hecho pagos por servicios a un precio desorbitado. Según las acusaciones estos contratos, más allá de ser firmados a un precio fuera de mercado, servían para difamar a personas influyentes del entorno del Barça, destacando jugadores y candidatos opositores a la actual junta.

“El FC Barcelona ha ofrecido su plena colaboración a la autoridad judicial y policial para aclarar los hechos objeto de esta investigación”, señaló el club en un comunicado. “La información y la documentación requeridas por la policía judicial han circunscrito estrictamente a los hechos relativos a este caso”, añadió.

¿Qué decía la auditoría de Pwc?

Estas investigaciones llegan meses después de que el club comunicara, tras una auditoría interna realizada por Pwc, que el Barçagate se limitada a un problema de control interno, y que no existía caso alguno de administración desleal o corrupción entre particulares.

El pasado julio, el portavoz de la entidad, Josep Vives, compareció ante los medios para exponer los resultados de la investigación llevada a cabo por Pwc, en la que, según su versión, quedó claro que no se detectó “ningún indicio” ni “ninguna conducta corrupta ni beneficio económico” en el caso, así como que los trabajos encargados estaban “dentro del precio de mercado”.

Tal era el convencimiento de que se había actuado dentro de la normalidad, que incluso se anunció que los servicios jurídicos emprenderían las acciones legales pertinentes ante las acusaciones vertidas y exigiría rectificaciones a los medios de comunicación. Además, anunciaba que trasladaría una petición a la fiscalía para que se investigaran las responsabilidades contra los autores de tuits en contra del club, los jugadores y su entorno.

Ello, pese a que el informe de la Big Four, de 320 páginas, advertía que el club sólo había recibido servicios de IL3 Ventures por valor de 620.000 euros, frente al millón de euros pagado.

Vives sí admitió que la auditoría evidenciaba que se sortearon los controles internos mediante el fraccionamiento de facturas, pero puntualizó que “la junta directiva al completo había estado informada del encargo del servicio en las reuniones ordinarias del 5 y 6 de octubre de 2018 y en la del 17 de junio de 2019”.

Por otro lado, el informe de PwC, de 320 páginas, reclama a las empresas proveedoras que completen los servicios pendientes, que suben a 620.000 euros.