El Cádiz se lleva una victoria en los tribunales que le garantiza la estabilidad financiera. El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Cádiz ha desestimado la demanda de Quique Pina contra las ampliaciones de capital de 2017 y 2020 aduciendo que estas “se llevaron a cabo con pleno ajuste a la legalidad aplicable, y con respeto a los derechos de los socios”, según explica el club de LaLiga en un comunicado.
Calambur Intermediaciones, sociedad del que fuera ex consejero delegado y ex responsable de la gestión deportiva del club, solicitó la anulación de estas dos operaciones e impugnó las cuentas anuales del club, una petición que también ha sido rechazada en el fallo judicial. En el caso de la ampliación de 2020 de 3 millones de euros, el consejo de administración y la junta decidieron que los accionistas no tuvieran que pagar ninguna prima.
Otra de las demandas de Calambur era anular el carácter retribuido de los miembros del consejo de administración. Asimismo, esta ha sido rechazada y la sentencia establece que la Junta General del club andaluz sea la encargada de fijar la cantidad máxima de retribución del Consejo.
El Cádiz CF ha valorado “como extraordinariamente positiva la sentencia porque, contra el criterio del accionista minoritario Calambur, garantiza la estabilidad financiera del club” y ha explicado que en los próximos días informará sobre la estrategia procesal que pondrá en marcha. Por su parte, Calambur ha respondido a la sentencia asegurando que sus demandas han sido “estimadas parcialmente” y que recurrirá la decisión de los tribunales.
La justicia obligó en 2021 a disolver la sociedad con la que Manuel Vizcaíno y Quique Pina controlaban el Cádiz CF. A petición de Pina, un juez del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla obligó a llevar a liquidación la sociedad Locos por el Balón. El liquidador fue Vizcaíno, que continúa como presidente del club.
Locos por el Balón controlaba el 49% de la entidad, que vivía desde 2017 una situación compleja de bloqueo por un conflicto entre sus dos propietarios. Pina, ex consejero delegado y ex responsable de la gestión deportiva del club, solicitó ya entonces la disolución, y que fueran los accionistas los que decidieran en una junta extraordinaria quién era el presidente, porque ninguno de los dos quería abandonar su posición de referencia en el accionariado.
