Se acumulan los problemas para la junta del FC Barcelona que preside Josep María Bartomeu. La juez del Barçagate ha decidido prorrogar por un mes más la investigación tras hallar indicios de delito en la contratación por parte del club de un conglomerado de empresas con el fin de monitorizar las redes sociales, según adelanta este miércoles La Vanguardia.

En un auto, Alejandra Gil, la juez de instrucción 13 de Barcelona, encargada del caso, ha decidido alargar la fase de búsqueda de pesquisas por parte de los Mossos d’Esquadra con el fin de “evitar perjudicar las posibles líneas de investigación que se deriven de las mismas para la comprobación de los hechos presuntamente delictivos”. Es decir, la juez quiere minimizar el riesgo, según ella latente, de que puedan desaparecer pruebas “esenciales” en el caso, y ante la falta de documentación por entregar por parte de la junta directiva blaugrana.

Los actuales gestores del Barça fueron denunciados por el pago, presuntamente, desorbitado de unos servicios de monitorización de las redes sociales al grupo empresarial NS Group, donde se sitúa la compañía I3 Ventures. Según las acusaciones que pesan sobre la directiva culé, estos contratos, más allá de ser firmados a un precio fuera de mercado, servían para difamar a personas influyentes del entorno del Barça, destacando jugadores y candidatos opositores a la actual junta. Una información destapada por la Ser y que fue el inicio del caso.

En sus pesquisas, los Mossos han encontrado indicios de administración desleal en la gestión y contratación de estos servicios, lo que podría haber causado un perjuicio al patrimonio del club, ya que se habrían hecho pagos por servicios a un precio desorbitado. Por este motivo, y según fuentes de la investigación, podrían ser citados a declarar en el juicio Bartomeu, como presidente del club, y Jaume Masferrer, el encargado de contratar a NS Group en su faceta de exresponsable del área de presidencia, así como otros directivos del club y de la empresa tecnológica.