El Burgos CF emprende una nueva etapa, no sólo en lo deportivo, sino también en lo empresarial. La junta de accionistas de ayer sirvió para aprobar un relevo en el consejo de administración y la propiedad, que pasará a manos de un grupo de empresarios locales. El reto no es sencillo, pues el salto de categoría bajo el mando de la familia Caselli ha ido aparejado a una deuda próxima a los seis millones de euros.

Miguel Ángel Benavente, Nacho San Millán, Rodrigo Santidrián, Julián Alonso y Jesús Martínez Nogal son los empresarios que, a través de Yucon Business, controlaban desde mayo el 83% de las acciones. Sin embargo, el consejo continuaba controlada por la familia argentina que en su día reactivó el proyecto del club aunque, con las últimas ampliaciones de capital, se había diluido hasta el 10%.

La última inyección de recursos se produjo a finales de 2020, con un total de 2,07 millones de euros que permitieron realizar pagos pendientes. Aun así, el ya ex director general, Fernando Cassina, admitió ayer la abultada mochila de deuda que dejan, entre unas pérdidas que podrían ascender a 3,6 millones de euros en 2020-2021, otros 1,6 millones para cubrir las denuncias por impagos de futbolistas y técnicos, y 800.000 euros más de facturas con proveedores.

La solución a los pagos pendientes es importante, pues forma parte de los requisitos de LaLiga para autorizar su inscripción. Además, también deberá abordar una ampliación de capital para cumplir con el mínimo exigido por el Consejo Superior de Deportes (CSD), que este año ya se eleva a 4,7 millones de euros para los clubes de fútbol.

La nueva propiedad también decidió retirar del orden del día la aprobación del nuevo convenio de uso del estadio municipal El Plantío, así como las aportaciones dinerarias que se planteaban.