El FC Barcelona recurrirá al Consejo Superior de Deportes (CSD) para intentar volver a alinear a su fichaje estrella de este verano. La Real Federación Española de Fútbol (Rfef) ha decidido “no conceder el visado previo ni la licencia definitiva solicitada” para Dani Olmo y Pau Víctor, por los que este verano pagó 50 millones y 2 millones de euros, respectivamente. Ello, pese a que LaLiga sí ha aceptado hoy aumentar el límite de gasto en plantilla deportiva para 2024-2025 tras corroborar que el club ya ha cobrado una parte del contrato para la venta de un paquete de palcos VIP para los próximos veinte años.
Entonces, ¿qué ha pasado? La junta presidida por Joan Laporta logró la inscripción de los dos jugadores hasta el 31 de diciembre de 2024 gracias al margen salarial que liberó la lesión de larga duración de Christensen. Y el club tenía hasta ese día para lograr nuevos ingresos y acreditarlos para poder elevar su techo de gasto y extender la licencia de Olmo y Víctor hasta final de temporada. Esa circunstancia no se dio, y es por ello que la licencia de los jugadores se dio por finalizada.
De ahí que la Rfef considere que “de acuerdo con la interpretación literal” de los artículos 130.2 y 141.5 de su Reglamento General, no hay lugar para aceptar la extensión de la licencia tres días después del vencimiento del plazo. “Un futbolista podrá estar inscrito en un solo equipo de un club, sin posibilidad de ser dado de baja y alta por el mismo en el transcurso de la misma temporada, salvo caso de fuerza mayor o disposición reglamentaria. Asimismo, en el transcurso de la temporada, no podrá estar inscrito y alinearse en más de tres distintos”, señala el artículo 130.2.
Por su parte, el 140.5. agrega que “los futbolistas cuya licencia se cancele, no podrán, en el transcurso de la misma temporada, obtener licencia en el mismo equipo del club al que ya estuvieron vinculados”.
El problema para el Barça es que, si bien envió toda la documentación el 31 de diciembre, no pudo demostrar que efectivamente había cobrado al menos un 20% del acuerdo. Se desconocen los términos económicos del acuerdo, con quién se ha cerrado y a cambio de qué, aunque diversos medios hablan de un pago de 28 millones de euros, que no llegó hasta ayer a mediodía. Por el momento, la junta directiva de Laporta no ha dado más detalles sobre una operación que previsiblemente deberá ser ratificada por la asamblea de compromisarios.
La razón de que ahora se exija un comprobante de cobro adicional a la firma de los contratos es el propio Barça. El club salvó las inscripciones del verano de 2022 con la venta del 49% de Barça Vision por 200 millones de euros, pero tres años después se ha tenido que deteriorar el grueso de esa operación ante los impagos de los inversores y la ausencia de socios alternativos que cubrieran esos importes.
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